En RPP, explicó que la comisión parlamentaria no podía investigar a parlamentarios, pero que ´existen indicios´ para considerar que sabían de las actividades de BTR.
El congresista Oswaldo Luizar pidió que su informe final sobre las interceptaciones, perpetradas por Business Track (BTR) y que involucra al vicepresidente de la República, Luis Giampietri y la congresista aprista Mercedes Cabanillas, pase a manos de la Fiscalía para profundizar en las investigaciones.
En diálogo con RPP, explicó que la comisión parlamentaria que presidió, no tenía la facultad de investigar a dichos parlamentarios, pero que "existen indicios" para considerar que sabían de las actividades ilícitas de BTR.
En el caso de Cabanillas, manifestó que los indicios infieren que la contratación de BTR por la Presidencia del Congreso en el 2006 fue irregular.
Manifestó además que se permitió el ingreso al Congreso de personal de BTR en horas de la madrugada y con nombres falsos. Además, el ingreso se hizo en fechas distintas a las establecidas en el contrato para hacer barridos electrónicos.
En el caso de Giampietri, indicó, suponen que él tenía conocimiento de las actividades irregulares de BTR, pero no hizo nada por evitarlo o denunciarlo.
Además de estos casos, el informe señala que BTR era una organización delictiva que planificaba sistemáticamente interceptaciones a personas del ámbito político, comercial y financiero.
Y que los perjudicados fueron el padre Marco Arana, el Diario Ollanta, el ex presidente regional Rogelio Canches, organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Rómulo León
Luizar manifestó que en el caso "Petroaudios" la intención inicial de BTR era investigar litigios entre empresas de cemento, pero que finalmente se reveló, en esta irregular labor de interceptaciones, la vinculación de Rómulo León y Alberto Quimper con licitaciones petroleras.
En diálogo con RPP, explicó que la comisión parlamentaria que presidió, no tenía la facultad de investigar a dichos parlamentarios, pero que "existen indicios" para considerar que sabían de las actividades ilícitas de BTR.
En el caso de Cabanillas, manifestó que los indicios infieren que la contratación de BTR por la Presidencia del Congreso en el 2006 fue irregular.
Manifestó además que se permitió el ingreso al Congreso de personal de BTR en horas de la madrugada y con nombres falsos. Además, el ingreso se hizo en fechas distintas a las establecidas en el contrato para hacer barridos electrónicos.
En el caso de Giampietri, indicó, suponen que él tenía conocimiento de las actividades irregulares de BTR, pero no hizo nada por evitarlo o denunciarlo.
Además de estos casos, el informe señala que BTR era una organización delictiva que planificaba sistemáticamente interceptaciones a personas del ámbito político, comercial y financiero.
Y que los perjudicados fueron el padre Marco Arana, el Diario Ollanta, el ex presidente regional Rogelio Canches, organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Rómulo León
Luizar manifestó que en el caso "Petroaudios" la intención inicial de BTR era investigar litigios entre empresas de cemento, pero que finalmente se reveló, en esta irregular labor de interceptaciones, la vinculación de Rómulo León y Alberto Quimper con licitaciones petroleras.
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