La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, dijo que la decisión del TC sobre el caso Cócteles, en el que está comprendida Keiko Fujimori, genera un conflicto dentro del sistema de justicia y criticó la falta de coherencia de dicho organismo al tratar de manera desigual casos similares.
La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, expresó su preocupación por la reciente sentencia del TC que ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el proceso que se le sigue por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Durante su participación en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, Ledesma advirtió que el TC ha “interferido en un juicio oral”, vulnerando el artículo 139.2 de la Constitución Política, el cual establece que “ninguna autoridad puede interferir en un proceso en giro”.
“Sin embargo, el Tribunal, en pleno proceso en curso, ha decidido afectar esa investigación, incluso diciendo que no existe actividad delictiva y adoptando posturas que exceden sus competencias”, señaló.
Para Ledesma, el TC ha realizado “un control de legalidad sobre situaciones que no están bajo su competencia”, ya que dichas evaluaciones corresponden a los jueces ordinarios del Poder Judicial, con base en la actividad probatoria del caso.
Agregó que la decisión del TC ha generado un conflicto dentro del sistema de justicia: “Ahora los jueces enfrentarán la disyuntiva de decidir qué van a aplicar: ¿los criterios que ha fijado la Corte Suprema en la casación 617-2021 utilizada en el caso Humala —y que ha establecido una línea clara sobre el lavado de activos en su modalidad de conversión— o lo dicho por el Tribunal Constitucional en este caso?”.
“Se utiliza el Tribunal Constitucional para interferir en juzgamientos"
Marianella Ledesma explicó que, según la Corte Suprema, “cualquier dinero que sea manchado configura la modalidad de lavado de activos de conversión”. Además, indicó que hay diversas formas de financiamiento —cuotas, donaciones, préstamos—, y que si se comprueba que esas contribuciones provienen de actividades delictivas, se configura el delito.
En ese contexto, criticó la falta de coherencia del TC al tratar de manera desigual casos similares: “A la mayoría de ciudadanos le dice no en todas estas historias”; no obstante, en el caso de Keiko Fujimori, en que hay intereses políticos presentes, se deja de lado toda la jurisprudencia —incluso todo lo que este mismo tribunal ha dicho en otros casos idénticos— y la atiende de una manera muy diferenciada”.
“Se utiliza la institucionalidad y el Tribunal Constitucional para interferir en juzgamientos o en decisiones del mismo sistema judicial. Y eso es peligroso”, advirtió.
Lamentó que esta “intromisión” haya generado un conflicto abierto entre el TC y la Corte Suprema: “Exista un choque de trenes que parte desde la Corte Suprema, que fija las líneas jurisprudenciales para tratar el lavado de activos en la modalidad de conversión, versus el Tribunal Constitucional que aparece acá calificando en un caso concreto, sin tener sobre todo las evidencias probatorias o las evidencias”.
La abogada concluyó señalando que será tarea de la Corte Suprema decidir si mantiene sus propios criterios en los casos de Humala, Villarán y, eventualmente, en el de Keiko Fujimori.