En diálogo con RPP, la nueva ministra de Justicia expresó su preocupación porque miles de peruanos tengan que afrontar juicios interminables.
La nueva ministra de Justicia, Rosario Fernández, informó que trabaja desde hace tiempo en un proyecto que permita acelerar los procesos judiciales, pero que, aclaró, que no pasa por el sobreseimiento de los casos.
En diálogo con RPP, expresó su preocupación porque miles de peruanos tengan que afrontar juicios interminables, no solo por la carga procesal sino también por la dilación ocasionada por los mismos abogados.
"Estoy trabajando unas ideas alrededor de esto, las tenia pensadas hace tiempo (Â ) Hay formas bastantes jurídicas, procesales y limpias que no pasen por el sobreseimiento -que fue lo que más impactó- y que colaboran eficientemente a que la justicia sea oportuna y que todos los ciudadanos tengan una solución", anotó.
Dijo que tomó conocimiento de la resolución de la jueza Inés Villa Bonilla que rechaza el pedido de los integrantes del grupo Colina, quienes buscaban acogerse al decreto legislativo 1097, que finalmente fue derogado por el Congreso.
De otro lado, la ministra indicó que en las Procuradurías para casos Fujimori-Montesinos y la Pública Anticorrupción Ad Hoc ven un promedio de cinco mil casos de funcionarios que cometieron irregularidades.
Aseguró que con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) estos casos concluirá en julio del 2011.
En diálogo con RPP, expresó su preocupación porque miles de peruanos tengan que afrontar juicios interminables, no solo por la carga procesal sino también por la dilación ocasionada por los mismos abogados.
"Estoy trabajando unas ideas alrededor de esto, las tenia pensadas hace tiempo (Â ) Hay formas bastantes jurídicas, procesales y limpias que no pasen por el sobreseimiento -que fue lo que más impactó- y que colaboran eficientemente a que la justicia sea oportuna y que todos los ciudadanos tengan una solución", anotó.
Dijo que tomó conocimiento de la resolución de la jueza Inés Villa Bonilla que rechaza el pedido de los integrantes del grupo Colina, quienes buscaban acogerse al decreto legislativo 1097, que finalmente fue derogado por el Congreso.
De otro lado, la ministra indicó que en las Procuradurías para casos Fujimori-Montesinos y la Pública Anticorrupción Ad Hoc ven un promedio de cinco mil casos de funcionarios que cometieron irregularidades.
Aseguró que con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) estos casos concluirá en julio del 2011.
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