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Minjus: Sentencia del TC a favor de jueces ya no se puede aplicar

Procurador del Ministerio de Justicia dijo que ahora está vigente la nueva escala salarial propuesta por el Ejecutivo y la única forma de cuestionarla sería a través de una acción de inconstitucionalidad.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que fallaba en favor de las exigencias iniciales de los jueces del Poder Judicial (PJ) ya no se podrá aplicar, pues la ley ha cambiado en favor de las nueva escala remunerativa que el Poder Ejecutivo planteó en un proyecto de ley, el mismo que fue aprobado en la víspera por el Congreso de la República.

Así lo explicó el procurador del Ministerio de Justicia (Minjus),  Luis Huerta, quien indicó que el mandato del TC ya no procede, luego que anoche el Parlamento aprobara la modificación al numeral 5 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del PJ.

"En el ordenamiento jurídico rigen las normas que están vigentes…La sentencia del TC ya no se puede aplicar porque ya hay un marco normativo", subrayó entrevista con RPP Noticias.

"Lo que el TC ha dicho es cumpla usted, Estado, Poder Ejecutivo, con el pago de las remuneraciones que corresponden a los magistrados según la ley, y ahora la ley es esta",  agregó el abogado del Estado.

Precisó que, no obstante, el pedido de la homologación de los salarios de los jueces a los de los congresista sí se mantiene, aunque con porcentajes menores (ya no 90%, 80%, 70% sino 80% ,62% ,40%).

Huerta apuntó que también la ley establece que este incremento será en tres tramos, el primero será automático y los dos siguientes estarán condicionados a que el Poder Judicial establezca sus propias metas y las cumpla.

"El escenario anterior era el incumplimiento de una norma, ahora la norma ha cambiado y existe la voluntad de cumplirla. El escenario es totalmente distinto", señaló.

Anotó que no habría vía procesal para que los magistrados vuelvan a recurrir al TC, pues estamos ahora frente a una ley aprobada en el Congreso.

En tal sentido, dijo que la única forma de cuestionar dicha norma sería a través de un proceso de inconstitucionalidad.

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