En diálogo con RPP, explicó que desde lo acontecido en el caso Business Track (BTR), el Estado aplicó modificaciones a las normas vinculadas a las obligaciones que tienen las compañías de telefonía en el país.
Dijo que se determinó que las compañías deben asegurar sus instalaciones, cuidar a su personal y garantizar que las empresas que les brindan servicios tengan este mismo cuidado.
"Si la investigación policial y fiscal demuestra que estos temas no han sido bien considerados implicará una falta grave que se sanciona disminuyendo el periodo de concesión", indicó.
Refirió que cada cierto tiempo el Estado hace la evaluación a las empresas y por cada falta grave se le descuenta meses importantes de la concesión y "eso es mucho dinero".
No obstante, precisó, también existe la posibilidad que la interceptación a Flores Nano se hubiese hecho sin usar personal de la compañía y sin entrar a las instalaciones.
