Explicó que los miembros de los Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional requieren de un nivel de garantía para desarrollar sus acciones, destinadas a restablecer el orden y la pacificación en zonas donde existe presencia de remanentes terroristas y del narcotráfico.
"(Los policías y militares) tienen que tener algún nivel de garantía, no de protección a actos criminales ni de impunidad, pero sí algún nivel de garantías", enfatizó.
La iniciativa legislativa aprobada ayer en el Consejo de Ministros modifica el artículo 20 del Código Penal y está referida a la "inimputabilidad" de los efectivos de las fuerzas del orden que, en zonas de emergencia, haciendo uso de sus armas, generen alguna muerte como consecuencia de un enfrentamiento con delincuentes narcoterroristas.
Al respecto, el titular de Justicia señaló que el proyecto busca establecer un procedimiento previo antes de que la fiscalía pueda iniciar una investigación o denunciar a un policía o militar cuando se presente este tipo de casos.
Explicó que antes de proceder a la indagación, el representante del Ministerio Público deberá requerir un informe técnico a un organismo que será designado por el Poder Ejecutivo, el cual detallará pormenores y alcances de lo ocurrido.
Pastor dijo que el informe técnico deberá ser entregado por el organismo en un término no mayor de diez días y no tendrá efecto vinculante.
Agregó que el fiscal debe tener las primeras consideraciones de los hechos y adoptar la decisión que crea conveniente, en el marco de la autonomía e independencia que le confiere la Constitución,
El también congresista sostuvo que el proyecto de ley puede generar críticas, pero que se debe tomar en cuenta el aspecto "positivo" del mismo, que es el facilitar el accionar de las fuerzas del orden en las zonas de emergencia.
"Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden a ir a combatir a zonas de emergencia si están amenazados con denuncias penales cada vez que hacen un disparo, no es posible", puntualizó.
Andina
