Patricia Benavides presentó al equipo especial de fiscales que investigará muertes durante protestas

La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, presentó este martes al equipo de fiscales que se encargará de investigar exclusivamente los casos de víctimas mortales durante las protestas antigubernamentale ocurridas entre diciembre del 2022 a marzo del presente año.

Sobre este grupo de trabajo, conformado por 12 fiscales y encabezado por Mariana Mendoza Sánchez, la fiscal de la Nación afirmó que con él "queremos garantizar a todos los peruanos que las investigaciones concluirán en el tiempo más breve posible señalando a los responsables".

Asimismo, indicó que contarán con asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú.

66 personas fallecidas y más de 1000 heridas

Como se sabe, a través de una resolución publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la Fiscalía conformó a este grupo de trabajo que tiene como finalidad investigar "casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad (...) y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros".

Dicho documento recuerda que, desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo se "han derivado investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica".

También por actos de violencia "que no están comprendidos dentro del núcleo constitucional protegido del derecho a la protesta" y que "han afectado la integridad física de funcionarios y servidores, así como la infraestructura de diversas entidades públicas y propiedad privada".

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en cuatro meses de protestas se registró un saldo de 66 personas fallecidas y más de 1000 heridas.

Esto llevó a que diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos denuncien el uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.