El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señaló que el peritaje alternativo presentado por el gobierno regional de Cajamarca al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga es básicamente político y presenta afirmaciones sin sustento técnico.
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos recientemente recibió de la ONG Grufides, el informe sobre el peritaje alternativo al proyecto Conga, elaborado por el hidrogeólogo estadounidense Robert Morán.
“Lo que me ha preocupado al leer el documento, es que ha ingresado a una serie de descalificaciones que no tienen ningún sustento, que no son de carácter técnico, pero que lo descalifican de inmediato (al proyecto)”, explicó Pulgar Vidal.
Refirió que toda información aporta al informe y que los peritos contratados por el Gobierno también considerarán el contenido del peritaje alternativo.
Sin embargo, señaló que el peritaje alternativo “ha entrado a temas políticos” que no corresponde en un documento de esta naturaleza.
RESPONDE A LAS OBSERVACIONES DEL PERITAJE.
Detalló que en el peritaje alternativo se señala que el “gobierno peruano ha neutralizado al ministerio del Ambiente, y otros organismos reguladores”, afectando el proceso de fiscalización pública que se supone debe ser transparente.
“El ministerio del Ambiente no ha sido neutralizado en lo más mínimo”, contestó el titular del sector.
También refirió que el informe del peritaje alternativo señala que como los medios “han inundado” de información a favor del proyecto Conga, entonces se convierte en una “alternativa equilibrada”.
“Yo no creo que un informe, que debe ser de naturaleza eminentemente técnico, tenga que entrar a calificativos que son fundamentalmente políticos y no tienen ningún sustento”, afirmó en una entrevista con un programa de señal de cable.
Asimismo, señaló que en la presentación del peritaje alternativo se indica que “las leyes en el Perú no exigen que las empresas de minería metálica den ningún tipo de garantía financiera para cubrir los pasivos” que resulten de costos imprevistos al medio ambiente, por ejemplo los costos de la gestión y tratamiento de aguas por cierre.
“Esto es falso”, aclaró. “En el Perú hay una ley de cierre de minas que divide la actividad minera en tres etapas, cierre progresivo, cierre final y post-cierre, y señala claramente que las actividades de cierre final y post-cierre tienen que ser garantizadas”, dijo el ministro.
Precisó que la legislación peruana señala que esta garantía debe realizarse a través de instrumentos que corresponden al sistema financiero, como el fideicomiso, cartas fianzas, bonos, o dinero en efectivo.
Andina
