El Estado peruano realiza todos los esfuerzos que tiene a su alcance para esclarecer los sucesos en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), ocurridos el pasado 5 de junio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Fue en respuesta al informe que sobre dichos acontecimientos formuló en la víspera James Anaya, el Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas.

En un comunicado, señaló que dichas investigaciones tienen como finalidad principal esclarecer las circunstancias en las que se produjeron hechos tan graves y dolorosos como la muerte de de 33 personas: 23 efectivos policiales (11 de los cuales se encontraban desarmados), 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua.

 

Si bien la Cancillería precisó que el Estado peruano, a través de las instituciones competentes, no ha concluido aún las investigaciones sobre dichos eventos, indicó que la opinión pública debe sentirse segura que dichas investigaciones se realizan dentro del marco del estado de derecho.

 

En ese sentido, remarcó que el Perú realiza todos los esfuerzos a su alcance para encontrar a cada una de las personas que participaron en los sucesos de Bagua y que no estuviera ubicada, como es el caso confirmado del mayor Felipe Bazán Solís. 

 

Anaya visitó el Perú entre el 17 y el 19 de junio del presente año con la finalidad de verificar los sucesos de Bagua acaecidos el pasado 5 de junio. 

 

Torre Tagle destacó que el informe de Anaya desvirtúa las principales acusaciones de las que fue objeto el Estado luego de los lamentables sucesos y ratifica que en ningún momento existió genocidio, violación masiva de derechos humanos o que se hubieran perpetrado desapariciones forzadas.

 

Recordó que el relator afirma que "no encontró evidencia concreta ni escuchó testimonios específicos sobre muertos además de aquellos confirmados, como tampoco recibió evidencia concreta de la existencia de fosas comunes como se había difundido públicamente".  

 

La Cancillería explicó que el informe del relator será enviado a las instancias públicas correspondientes a fin que sea conocido y estudiado.

"La aplicación de las recomendaciones y conclusiones se hará en función de la evolución de la situación y de los procesos que se han emprendido para consolidar la relación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana con el resto de la sociedad y asegurar la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los peruanos, en especial de dichos pueblos que se encuentran en una situación particularmente vulnerable", agregó.


Además, enfatizó que el Gobierno del Perú reafirma su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en la temática de los pueblos indígenas.