
El Juez Richard Concepción Carhuancho lee la tarde de este jueves la resolución de su decisión sobre el pedido de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presuntos aportes irregulares de la brasileña Odebrecht a su campaña electoral en 2011.
"A las tres de la tarde voy a dictar sentencia del pedido del fiscal de prisión para el exmandatario Ollanta Humala y su esposa", dijo el magistrado al levantar la audiencia tras más de 17 horas de debate el miércoles en la noche.
La exposición de Fiscalía. La audiencia se inició con la sustentación del fiscal Germán Juárez, que pide cambiar las medidas cautelares que pesan actualmente contra el expresidente, como la prohibición de viajar al extranjero sin permiso judicial, por "prisión preventiva de 18 meses" ante el riesgo de fuga o demanda de asilo.
El fiscal argumentó que "hay nuevos elementos que probarían que Humala y su esposa, Nadine Heredia, están involucrados en el presunto delito de lavado de activos y por lo tanto existe peligro de fuga".
La defensa. "No hemos escuchado un solo elemento que pueda cambiar la situación del expresidente Humala y su esposa, solo hay referencias, indicios, afirmación de colaboradores que muchos de ellos han sido aclarados en su momento", rebatió por su lado Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia.
"No existe un propósito de fuga del expresidente ni de su esposa. Ellos están cumpliendo con todas las citaciones del fiscal, nos se han movido del país", dijo a su vez Julio Espinoza, defensor del Humala.
Los abogados entregaron al juez los pasaportes de Humala y de Heredia "como una señal clara que no existe intención de fuga".
El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial la prisión preventiva por 18 meses para los esposos Humala Heredia, a quienes atribuye el presunto delito de lavado de activos, en calidad de autores.
A Humala Tasso y Heredia Alarcón, el Ministerio Público los investiga por los aportes que habrían recibido del Gobierno de Venezuela y de las empresas constructoras OAS y Odebrecht para financiar la campaña presidencial de 2006 y 2011.

