Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dijo que su institución está preparada para la organización técnica de los comicios | Fuente: Andina

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Resulta penoso presenciar sesiones de la Comisión de Constitución que en vez de orientarse a solucionar la crisis política exacerban las acusaciones infundadas y las fricciones personales. Eso sucedió ayer, antes de que hablen las autoridades de los tres organismos electorales: el Jurado, el RENIEC y la ONPE. La congresista Vilcatoma afirmó con desparpajo: “Se está incubando un fraude electoral”. Y de ahí, con aire de gran perspicacia, sacó una conclusión: “Parece que Odebrecht quiere poner al próximo presidente”.

En un clima que permite ese tipo de imputaciones, la sobriedad mostrada por las autoridades electorales no podía sino irritar a los congresistas más sesgados. Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dijo que su institución está preparada para la organización técnica de los comicios, pero que el calendario depende de una “voluntad política” que no le corresponde.

Aparentemente el uso de la expresión “voluntad política” no le gustó a a Rosa Bartra, presidenta de la Comisión, quien reprochó a Ticona desbordar los límites de sus funciones constitucionales. La sesión sirvió también para saber que el próximo 23 del mes en curso asistirán representantes de la llamada Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, que no debe ser confundido con las instituciones de la Unión Europea. Es muy bueno escuchar a juristas experimentados que vienen de otros horizontes, pero parece ingenuo creer que letrados extranjeros ayudarán a que las discrepancias sobre la propuesta presidencial se resuelvan “técnicamente”, cuando vemos que no hay consenso entre los juristas peruanos. Ni siquiera entre los exmiembros del Tribunal Constitucional.

También los problemas urbanos están dando lugar a polémicas e interpretaciones, aunque en este caso se nota con más claridad la defensa de intereses particulares disfrazados de políticas públicas. El alcalde de Lima está librando batalla en dos nuevos frentes a la vez: los arbitrajes internacionales respecto del contrato con la empresa concesionaria Línea Amarilla y la regulación de la circulación de camiones con carga pesada en la ciudad. En el arbitraje, Jorge Muñoz defiende la negativa de los limeños a aceptar la vigencia de un contrato manchado por la corrupción. Frente al caos vehicular, ya era hora que se haga en Lima lo que es la norma en todas las ciudades del mundo desarrollado: imponer horarios para que el transporte de mercaderías no se haga en detrimento de millones de pasajeros que pasan una parte creciente de sus días entre atascos y bocinazos.

En el plano internacional, que el presidente de Estados Unidos haya decidido cambiar a su Consejero de Seguridad no es asunto que concierne solo a la política interna de ese país. Es la segunda vez que John Bolton, conocido por sus posturas extremistas y probélicas en política exterior, ejercía un puesto crucial en el sistema de toma de decisiones en Washington. La primera vez, embajador ante la ONU bajo George Bush hijo, será recordada por su pésima argumentación a favor de la invasión de Irak y sus diagnósticos equivocados sobre Afganistán.

Donald Trump lo hizo regresar al poder para complacer a su electorado conservador, pero siempre fue mirado con reservas por los jefes militares y los llamados especialistas de “la comunidad de inteligencia”. Aunque algunos consideran que Bolton es el estratega que Estados Unidos necesita para no perder su hegemonía en un mundo multipolar, otros lo consideran hábil sobre todo para lisonjear a sus jefes y maltratar a sus subordinados. Lo grave de su función es que Estados Unidos vive por lo menos cuatro tensiones que pueden llevar a graves consecuencias: con Rusia, con China, con Corea del Norte y con Irán. Por lo menos, los tres primeros cuentan con armas atómicas.

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