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Procuraduría cuestiona ´narcoindultos´ por perjuicio en reparaciones civiles

´Los indultos no son de nuestra competencia, no nos involucramos en eso porque son procedimientos administrativos presidenciales, pero el problema ahora es quién nos paga la reparación civil´, cuestionó la procuradora Sonia Medina.

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La Procuraduría Antidrogas lamenta “en carne propia” las conmutaciones de penas otorgadas a narcotraficantes durante el segundo gobierno de Alan García, y revisa la lista de los delincuentes cuyas penas fueron conmutadas para verificar su situación, dijo este domingo la procuradora Sonia Medina.

Cuestionó el gran número de reducción de penas en el régimen pasado, pese al denodado esfuerzo que la Policía Nacional y el Ministerio Público realizan para que estas personas enfrenten un buen procedimiento judicial, sean sentenciados y vayan a la cárcel.
"El caso de los indultos lo lamentamos mucho. En estos momentos estamos hurgando las listas de indultados con respecto a quiénes todavía están adentro y quiénes están afuera", declaró a la Agencia Andina.
Según denuncias periodísticas, durante el gobierno anterior se dieron 5.500 indultos y conmutaciones de penas, entre ellas 3.207 a sentenciados por tráfico ilícito de drogas y de este último grupo, 400 en modalidad agravada.
Además, dos sentenciados por narcotráfico trabajaron para la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno aprista, y en los últimos días se han conocido denuncias de reos que señalan que pagaron dinero a cambio del trámite de su conmutación de pena.
También se ha reportado el caso de numerosos delincuentes de ´alto vuelo´ que se beneficiaron con la conmutación de penas y que reincidieron en sus delitos, como Elio Mulatillo Abad, quien recibió los beneficios en marzo del 2010 y a fin de año fue recapturado como integrante de la filial armada del cartel de Sinaloa que opera en la frontera entre Perú y Ecuador.
"Los indultos no son nuestro tema, no tenemos competencia, no nos involucramos en eso porque son procedimientos administrativos presidenciales, pero el problema ahora es quién nos paga la reparación civil", cuestionó la procuradora.
Por ello, confirmó que realizan un exhaustivo trabajo recolectando información y documentación del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), de tal manera que la Procuraduría depure sus propias listas de sentenciados por narcotráfico y lavado de activos.
Refirió que ese trabajo es efectuado porque los indultos y las conmutaciones de penas a narcotraficantes colisionan con los objetivos de la lucha antinarcóticos en el país, porque algunos de ellos han vuelto a delinquir.
"Lamento mucho que haya ese tipo de contradicciones y que por un lado haya instituciones que se esfuerzan al máximo, y por otro lado, hay instituciones que hacen lo contrario, abren una puerta falsa para todo esto. Eso es cuestionable", anotó.
ANDINA

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