Proyecto de ley del Ejecutivo "tiene nombre propio" y "penaliza el acceso libre a la información", señalan gremios periodísticos

El anunciado proyecto de ley del Ejecutivo que penaliza a funcionarios públicos que revelen información de procesos judiciales a terceros sigue generando alerta en gremios periodísticos y la sociedad civil. Dicha iniciativa legislativa fue justificada por el ministro de Justicia, Félix Chero, quien señaló que pretendía "proteger derechos fundamentales" referidos a la presunción de inocencia.

Al respecto, conversaron con RPP Noticias, el representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Gustavo Gómez, y el decano del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), Ricardo Burgos. Ambos coincideron en que el proyecto representaba un peligro para el acceso a la información de toda la ciudadanía.

"La ley tiene nombre propio"

El representante de la SNRTV, Gustavo Gómez, cuestionó que la propuesta "justamente" surja en un contexto en que la Fiscalía y el Congreso investigan al Presidente de la República. Por ello, consideró que la ley "tiene nombre propio".

"Lo hemos expresado, el contexto es la investigación a la que está sometida el Presidente. En definitiva, sí tiene nombre propio. Se quieren ocultar presuntos delitos y se quiere proteger al primer funcionario público de la nación que es el Presidente", expresó.

Asimismo, consideró que el supuesto objetivo de la ley de proteger la "presunción de la inocencia" de los investigados "no tiene ningún sentido".

"Si bien se ha anunciado que se estaría penalizando a los funcionarios públicos como fiscales y jueces, no se dice nada sobre el destinatario de la información (...) que es el periodista quien, finalmente, difunde la información a la ciudadanía, ¿sería también objeto de imputación de delito? ¿Sería coautor, cómplice? ¿Qué pasa con el representante legal, directivo o accionista del medio? ¿Sería comprendido como tercero civilmente responsable? Ojo con eso", alertó Gómez.

En ese sentido, consideró que se estaría "afectando" el derecho de la prensa a acceder a información y también el de la ciudadanía a estar informada "con fuentes fidedignas".

"Perjudica el trabajo de la prensa libre porque no habría información fidedigna que llegara a la ciudadanía que tiene todo el derecho de ser informada de estas investigaciones. No cabe duda que investigar a las más altas esferas públicas son temas de interés público. La ciudadanía tiene derecho a formarse opinión constantemente", sostuvo.

"El Congreso no debe dar paso a proyecto inconstitucional"

Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), Ricardo Burgos, sostuvo que el proyecto de ley es inconstitucional en cuanto colisiona con lo que establece la Constitución Política y tratados internacionales.

"Este proyecto de ley es inconstitucional porque colisiona con el artículo 2, inciso 4 de la Constitución que garantiza y defiende el derecho a la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de difusión. Y también colisiona con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (…) que señala la obligatoriedad de los estados, representados por sus gobiernos, de garantizar el ejercicio de la libertad de prensa", explicó.

En ese sentido, calificó de "desfachatez" que el Gobierno presente un proyecto de ley que "abre el camino a la opacidad en lugar de la transparencia".

"Interpretamos esto como el intento de colocar una venda en los ojos de la sociedad a través de la prensa. En una ley mordaza, es una ley con nombre propio. Es un proyecto de ley que esperamos que el Congreso no lo legisle", señaló Burgos.

Al respecto, el decano de la CPP dijo confiar en que "el Congreso esté a la altura" y "no dé paso a este proyecto de ley". Pero que, de hacerlo, buscarán otras vías para que sea derogado.

"Si así fuera, queda el camino del Tribunal Constitucional y queda el camino internacional. Hay que recordar que el Perú no está en un buen momento de la libertad de expresión. Hace poco estuvo aquí Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de DD.HH. y en su informe deja mal parado al Gobierno. Y estamos esperando ahora el informe definitivo que tiene un carácter mandatorio", explicó.