Quezada refirió que "todavía falta mucho tiempo" para las elecciones del 2016, y la única explicación es que el presidente García genera mucho temor en algunas posibles candidaturas".
El secretario general del Apra, Omar Quezada, consideró este viernes que los cuestionamientos contra el expresidente Alan García sobre las conmutaciones de penas, compras militares secretas y otros, son parte de una “ofensiva” para anular su posible candidatura a las elecciones del 2016.
“Cuando vemos que hay un ataque sistemático contra el presidente Alan García y el Partido Aprista entonces hay que preguntarse ¿Cual es el objetivo de esta investigación, por qué tanto encono? ¿O detrás hay la intencionalidad de anular una posible candidatura del presidente Alan García?”, declaró.
Refirió que “todavía falta mucho tiempo” para las elecciones generales presidenciales del 2016, y la única explicación que puede haber, dijo, es que “sin duda el presidente García genera mucho temor en algunas posibles candidaturas”.
En ese sentido, cuestionó el trabajo de la Comisión Multipartidaria que investiga presuntas irregularidades en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), conocida como “Megacomisión”, porque según refirió, las indagaciones se realizan por documentos que entregan algunos congresistas.
Sostuvo que el Congreso realiza “un juicio político” y la instancia donde se deben determinar las responsabilidades “de algunos de los funcionarios” es en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Dijo que el ex presidente García no ha tenido ningún inconveniente en asistir a las citaciones del Parlamento, y a las acusaciones que se le imputan “se van a sumar” otros grupos políticos que se sientan beneficiados con una posible inhabilitación.
“Ya lo ha manifestado el congresista Heriberto Benítez, dijo que por estos hechos (conmutación de penas) podría ser inhabilitado por 10 años, ya lo han pensado”, subrayó.
Refirió que no se puede “anular políticamente” a quien no tienen ninguna culpa, ni responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, tal como lo señala la Constitución; y “no puede haber un nivel de confrontación”, más aún cuando Alan García y el APRA han sido una oposición constructiva.
La Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar presuntos actos de corrupción en el gobierno anterior tiene plazo hasta el 17 de mayo para presentar sus informes finales.
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