En Ampliación de Noticias, el alcalde de Puente Piedra comentó la ley 31914, que es cuestionada por un sector de burgomaestres por supuestamente restringir la capacidad de las municipalidades para clausurar de manera inmediata locales inseguros.
El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, comentó la Ley 31914, cuestionada por un sector de burgomaestres por supuestamente restringir la capacidad de las municipalidades para clausurar de manera inmediata locales inseguros.
“Así como está la norma, ¿cuántas intervenciones han realizado las municipalidades? ¿De qué te sirve tener una norma mucho más agresiva, si con lo que tienes no logras fiscalizar? Si no tienes la capacidad, si no tienes los profesionales adecuados, para poder hacer ese tipo de control”, indicó Espinoza en Ampliación de Noticias.
“Como está la norma, uno puede ir en cualquier momento a fiscalizar. No te impide nada. No necesitas cerrarlo permanentemente. Lo que necesitas es buscar la solución al problema si lo existiese”, añadió.
Para Espinoza, el trabajo de las autoridades debe ser fiscalizar “desde origen” cuando las empresas solicitan realizan algún tipo de edificación, como centros comerciales.
“Lo que probablemente haya pasado en Trujillo es que no ha habido un control eficiente del nivel de hierro que se ha usado para esas estructuras metálicas. Y eso ha sido de origen”, manifestó.
Municipalidades de Lima proponen reformar la Ley 31914
Integrantes de la Mancomunidad Municipal Lima Centro se pronunciaron para proponer una reforma a la Ley 31914, la cual cuestionaron que restringe la capacidad de las municipalidades para clausurar de manera inmediata locales inseguros.
Al respecto, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza Álvarez, señaló que existe la necesidad de ajustar esta ley para permitir acciones más decisivas en situaciones de riesgo.
"Nosotros, como organismo local, tenemos un área de riesgos y desastres que se encarga de emitir certificados de edificaciones, conocidos como IPSE", dijo en Ampliación de Noticias.
Asimismo, precisó que dentro del marco del Decreto Supremo 02-2018 se cuenta con tres niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. No obstante, esta norma no exige la presencia de un ingeniero estructural en las evaluaciones, una omisión que se busca corregir a raíz del colapso del techo del centro comercial Real Plaza en Trujillo.
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