El congresista de Renovación Popular dijo que si bien no votó a favor de la aprobación de la ley, esta se orientó a "lograr parámetros nacionales acerca del trabajo de las unidades de Defensa Civil a nivel municipal", ya que se cometían abusos.
El congresista Diego Bazán (Renovación Popular) se pronunció respecto a los proyectos legislativos impulsados por el Parlamento en materia de regulación de funcionamiento de establecimientos y de vigencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Esto a raíz de la tragedia ocurrida el último viernes, cuando colapsó el techo del centro comercial Real Plaza en Trujillo, La Libertad.
Al respecto, Bazán Calderón indicó que la aprobación de la ley que modificó la normativa de Licencia de Funcionamiento para Regular los Supuestos de Clausura de Establecimientos buscaba "lograr parámetros nacionales acerca del trabajo de las unidades de Defensa Civil a nivel municipal", ya que "lamentablemente las unidades de Defensa Civil, a libre discreción, decidían cuándo existía un parámetro o no al momento de la clausura de un local".
En ese sentido, el parlamentario dijo que votó en abstención cuando se aprobó la norma en el pleno, en octubre de 2023. Además resaltó que "no impide que hoy se clausuren locales cuando existe riesgo inminente a las personas".
"Este proyecto de ley, que yo no lo presenté, cuando voté, no voté a favor, voté en abstención porque tenía mis dudas. Incluso les hice notar a otros compañeros esta situación, pero quiero decirlo: este proyecto no impide que hoy se clausuren locales cuando existe riesgo inminente a las personas", indicó.
"Prueba de ello es que en Huancayo lo acaban de hacer ayer, Piura lo acaba de hacer ayer también y lo pudo hacer Trujillo también, porque hay testigos que han indicado que, incluso días, antes ya el techo venía teniendo sonidos extraños que indicaban la fatiga de la estructura en Real Plaza", acotó.
Cabe señalar que la ley que impulsó en ese momento el Congreso establece que la clausura temporal de un establecimiento es una medida preventiva "cuando se constate la existencia de un peligro inminente para la vida, la salud, la propiedad o la seguridad de las personas, que no pueda ser subsanado en el propio acto de inspección".
Además, señala que "cuando el establecimiento tenga áreas independientes o accesos diferenciados, la clausura temporal solo se aplica sobre el área que genere riesgo inminente [...] sin afectar el funcionamiento del resto del establecimiento" y que esta "se levanta dentro de las 48 horas siguientes en que el titular subsane las observaciones que motivaron la medida y lo comunique formalmente a la entidad competente".
Sobre proyecto presentado por Adriana Tudela: "Yo no lo he firmado"
Asimismo, el congresista de Renovación Popular dijo no haber suscrito el proyecto de ley presentado por la parlamentaria Adriana Tudela, el cual proponía que el certificado ITSE tenga vigencia indeterminada. Esta iniciativa fue retirada por dicha congresista el pasado fin de semana.
"Yo no lo he firmado, no lo he apoyado y, particularmente, yo tenía mis observaciones sobre el proyecto, porque el tema de fondo no es el hecho de alargar o de pedir después de algunos años la renovación de la certificación ITSE. El tema de fondo acá es que, lamentablemente, las instituciones que entregan los certificados están envueltas en corrupción", indicó.
"Prueba de ello es también que muchos empresarios se acercan y me dicen ‘yo voy a las oficinas de Defensa Civil a solicitar mi certificado y lo primero que me dicen es yo tengo a alguien que te puede hacer tu informe técnico’. Entonces, ‘encárgame que yo sea juez y parte de la situación’. Una vez que me encargas, ya luego te puedo dar el certificado ITSE, y eso lo dicen todos los empresarios en Trujillo y en otras ciudades del país que, lamentablemente, son víctimas de la corrupción que hoy existe en este tipo de instituciones", agregó.
Al respecto, el parlamentario acusó a la gestión del exalcalde provincial de Trujillo Arturo Fernández de pedir coimas a un centro comercial a cambio de su reapertura "sin pasar la inspección técnica".
"En diciembre del 2023 ocurre un asesinato dentro del patio de comidas de Mall Aventura Plaza que es un centro comercial distinto a Real Plaza. Ante esto, la Municipalidad de Trujillo procedió al cierre. Yo me manifesté porque cientos de trabajadores se comunicaron con nosotros indicándonos que la medida era arbitraria. Además, se comunicaron funcionarios del Mall Aventura Plaza indicándome que, como se había cerrado de manera arbitraria, se les estaba exigiendo decenas de miles de soles, para ser exactos S/60 mil, para reabrir el centro comercial sin pasar la inspección técnica", aseveró.
"[Les pedía] la municipalidad y yo lo señalo directamente. Sé que ahora funcionarios no lo dirían porque los haría cómplices y yo lo dije públicamente y nadie quería, en ese momento, declarar. [Era para] permitirles reabrir sin pasar una inspección técnica, y te puedo mostrar los tuits donde denuncié. Les pedí a los funcionarios que graben y que salgamos a denunciar, pero indicaron que nadie se quería meter en ese problema por miedo a las represalias", puntualizó.
Te recomendamos
Comparte esta noticia