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Retos en la política, el transporte y los bancos, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

La ciudadanía espera reformas.
La ciudadanía espera reformas. | Fuente: Andina

Como en toda sociedad orientada al progreso, debemos facilitar que los mejores ejerzan los puestos de responsabilidad, en los que se toman decisiones que nos afectan a todos. Los mejores son los que tienen una visión clara de objetivos viables. 

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Hacer frente a la doble crisis sanitaria y económica requiere eficiencia e integridad en el funcionamiento de nuestras instituciones. Las crisis no las resuelven personas aisladas, por poderosos jefes que sean. Las resuelven lo que los seres humanos hemos inventado para vivir de manera pacífica y organizada: instituciones. En el momento presente, las instituciones más concernidas son los centros de salud, el sistema de transporte público, los mercados, las empresas y los bancos. Si algo bueno podemos sacar de la calamidad que estamos viviendo es la conciencia de que nuestro país no debió conformarse con sus buenas cifras macroeconómicas sin asumir objetivos de desarrollo y emprender reformas de lo que no funcionaba bien. Ahora lo tenemos que hacer en la urgencia que imponen la pandemia y el calendario electoral. Como en toda sociedad orientada al progreso, debemos facilitar que los mejores ejerzan los puestos de responsabilidad, en los que se toman decisiones que nos afectan a todos. Los mejores son los que tienen una visión clara de objetivos viables y una ética ciudadana al abrigo de nuestras taras morales: la codicia, la corrupción, la mentira, la división.

Por eso importa destacar el comunicado de la Asociación Civil Transparencia que advierte sobre la urgencia de que el Congreso tome decisiones antes de que culmine la actual legislatura, el próximo domingo. Para poder hacer reformas constitucionales y modificar el marco normativo de las elecciones, se necesita alcanzar un consenso que evite que la corrupción y la impunidad penetren en el Congreso. Hoy sabremos si la Comisión de constitución logra aprobar un dictamen que pueda ser presentado al Pleno.  

También hoy sabremos si el gobierno es capaz de presentar un protocolo sanitario que sea aceptable para las empresas de transportistas. Ellas reclaman un subsidio del Estado para compensar la caída de sus ingresos por la limitación a 40% del número de pasajeros que podrán ser transportados. Los dirigentes de los transportistas exigen una negociación que lleve a una subvención. Y piden que se aproveche la circunstancia para verse libres de la competencia desleal de los microbuses informales. El tema tiene una directa repercusión sobre los indicadores de salud, puesto que todos sabemos que el hacinamiento en vehículos públicos es, junto a los mercados, una de las brechas más graves por las que el coronavirus ha logrado esparcirse en nuestra población.

Otro punto sobre el que debe pronunciarse el Congreso esta semana concierne a la situación de las deudas en bancos y otras instituciones financieras. Se trata de favorecer la flexibilidad en el pago de deudas e intereses, sin desestabilizar la gestión de los activos, que al fin y al cabo proceden de los ahorros de otros ciudadanos. El presidente de la Asociación de bancos publica un artículo en Perú21 en el que sostiene que no hay que confundir las deudas de las personas empobrecidas por la pandemia con las que son créditos para pagar “la casa en la playa, el carro último modelo o el viaje al mundial”. Martín Naranjo destaca que perturbar o arriesgar la quiebra de instituciones financieras afectaría a personas que han podido perder el empleo y que cuentan con sus ahorros para pagar la educación de sus hijos. Naranjo preconiza que se diferencie cada caso tomando en cuenta el nivel de ingresos y el monto de las deudas. Y por eso concluye: “La crisis nos va a afectar a todos y para siempre. Pero no a todos por igual. Afecta mucho más a los que menos tienen, a los que menos voz tienen. El equilibrio que deben lograr nuestros políticos… implica escuchar también, y con más atención, a los que no tienen voz”.

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