"Yo no quiero impunidad, yo quiero que se castigue a los que se tiene que castigar, pero no en base a suposiciones o declaraciones', consideró el titular de Defensa.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, descartó que el paquete de normas emitido por el Poder Ejecutivo sobre aspectos procesales y la justicia militar policial, busque la impunidad y beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional procesados por delitos de lesa humanidad.
"Yo no quiero impunidad, yo quiero que se castigue a los que se tiene que castigar, pero no en base a suposiciones o declaraciones. Que se encuentren las pruebas y si no se encuentran pruebas no se puede condenar", declaró a Andina.
Explicó que el Gobierno "no está inventando nada" al emitir el decreto legislativo 1097 (que adelanta la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal para delitos que implican violación de derechos humanos) ya que lo único que está haciendo es "aplicar lo que ya está normado."
Recordó, en ese sentido, que el código procesal fue elaborado por una comisión presidida por el ex presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a los derechos humanos.
Explicó, en ese sentido, que el decreto 1097 no pretende obstaculizar el normal desarrollo de los procesos judiciales contra militares ni policías, sino que aplica lo ya establecido por el referido código.
"Si no se consiguen pruebas de la comisión de un delito, se tiene que archivar la denuncia. Eso se aplica para todo el mundo y por qué no para los militares y policías. Eso evitará que haya personas a las que se le esté investigando y no se les cierre el caso durante años", afirmó.
Recordó que antes que se emitieran estas normas, ya algunos sectores estaban hablando de una supuesta "amnistía"; "y ahora yo preguntó, dónde está esa amnistía".
Señaló que ese decreto tampoco tiene como supuesto propósito que salga en libertad, como "denuncian" algunos sectores, el ex presidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por violaciones de derechos humanos.
"Están diciendo que esto es para Fujimori, no es el caso porque son normas aplicables sólo a policías y militares", aclaró. Añadió que tampoco se puede aplicar al grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.
Uso de la fuerza
Sobre el decreto que regula el uso de la fuerza, Rey desmintió que esta norma pueda ser utilizada para permitir una supuesta "impunidad" en caso que los efectivos militares y policiales tengan enfrentamientos con manifestantes.
Precisó, en ese sentido, que las protestas sociales de ninguna manera pueden ser consideradas como un grupo hostil, como -dijo- quieren hacer creer algunos opositores al paquete de medidas emitida por el Ejecutivo.
"Las protestas sociales no cumplen los requisitos de grupo hostil. O no han leído bien la norma, o no la han entendido o quieren falsear la verdad", agregó.
Asimismo, aseveró que este paquete de decretos vinculados a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones del Tribunal Constitucional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-ANDINA
"Yo no quiero impunidad, yo quiero que se castigue a los que se tiene que castigar, pero no en base a suposiciones o declaraciones. Que se encuentren las pruebas y si no se encuentran pruebas no se puede condenar", declaró a Andina.
Explicó que el Gobierno "no está inventando nada" al emitir el decreto legislativo 1097 (que adelanta la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal para delitos que implican violación de derechos humanos) ya que lo único que está haciendo es "aplicar lo que ya está normado."
Recordó, en ese sentido, que el código procesal fue elaborado por una comisión presidida por el ex presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas a los derechos humanos.
Explicó, en ese sentido, que el decreto 1097 no pretende obstaculizar el normal desarrollo de los procesos judiciales contra militares ni policías, sino que aplica lo ya establecido por el referido código.
"Si no se consiguen pruebas de la comisión de un delito, se tiene que archivar la denuncia. Eso se aplica para todo el mundo y por qué no para los militares y policías. Eso evitará que haya personas a las que se le esté investigando y no se les cierre el caso durante años", afirmó.
Recordó que antes que se emitieran estas normas, ya algunos sectores estaban hablando de una supuesta "amnistía"; "y ahora yo preguntó, dónde está esa amnistía".
Señaló que ese decreto tampoco tiene como supuesto propósito que salga en libertad, como "denuncian" algunos sectores, el ex presidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por violaciones de derechos humanos.
"Están diciendo que esto es para Fujimori, no es el caso porque son normas aplicables sólo a policías y militares", aclaró. Añadió que tampoco se puede aplicar al grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.
Uso de la fuerza
Sobre el decreto que regula el uso de la fuerza, Rey desmintió que esta norma pueda ser utilizada para permitir una supuesta "impunidad" en caso que los efectivos militares y policiales tengan enfrentamientos con manifestantes.
Precisó, en ese sentido, que las protestas sociales de ninguna manera pueden ser consideradas como un grupo hostil, como -dijo- quieren hacer creer algunos opositores al paquete de medidas emitida por el Ejecutivo.
"Las protestas sociales no cumplen los requisitos de grupo hostil. O no han leído bien la norma, o no la han entendido o quieren falsear la verdad", agregó.
Asimismo, aseveró que este paquete de decretos vinculados a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones del Tribunal Constitucional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-ANDINA
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