Rospigliosi acudirá al TC y CIDH si Congreso ratifica su inhabilitación

El ex ministro Fernando Rospigliosi, ratificó que es víctima de una represalia política por parte del Gobierno luego de su denuncia hace cinco meses sobre el caso de los denominado "petroaudios".

Señaló que la acusación de una infracción constitucional del Congreso por haber gestionado intereses propios sobre terceros "no tiene sustento" y acudirá al Tribunal Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Es una acusación completamente absurda que no tiene cuerpo del delito. ¿Qué interés he gestionado si no hubo dinero de por medio? Proética no cobró un centavo. No dicen quién se favoreció, ni cómo se favoreció. Es una cosa absolutamente increíble", dijo en Ampliación de Noticias.

Explicó que su caso es una situación similar al que vivieron miembros del Tribunal Constitucional (TC) a fines del 90", cuando se pronunciaron por la re reelección de Alberto Fujimori. "Fueron defenestrados por el Congreso con este tipo de acusación constitucional, fueron a la CIDH y ganaron", argumentó.

"Si el Congreso comete la barbaridad de ratificar esta acusación yo tengo la vía del Tribunal Constitucional y luego la CIDH, pero en el transcurso de los próximos días voy a presentar un amparo porque se han violado todos mis derechos a un debido proceso", refirió.

Rospigliosi Capurro denunció que el Parlamento le aplicó exactamente los argumentos contrarios que emplearon contra los ex ministros Jorge Del Castillo y Hernán Garrido Lecca, quienes fueron implicados en el caso de los "petroaudios".

Como se recuerda:

Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior del régimen toledista, fue quien destapó el caso de los denominados "petroaudios" el pasado 05 de octubre del 2008.

El pasado 31 de marzo la Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría la acusación constitucional contra el ex ministro, que lo inhabilita en el ejercicio de la función pública hasta por cinco años.

Según la acusación presentada por el congresista aprista, Aurelio Pastor, el ex ministro actuó como gestor de intereses propios cuando firmó convenios sobre lucha contra la corrupción con Proética.

Se le acusa de delito político por haber sido miembro de Transparencia, que aún sin tener fines de lucro fue una de las cuatro instituciones de Proética, que supervisó el proceso de compra de uniformes para la Policía Nacional del Perú (PNP).