Exministro de Justicia, Víctor García Toma, indicó que el TC ya se pronunció anteriormente sobre situaciones donde regiones pretenden usurpar competencias del Gobierno central.
La presidencia regional de Cajamarca incurrió desde el punto vista penal en “usurpación de funciones” con la emisión de la ordenanza que declara inviable el proyecto Conga cuando la gran minería es competencia del Gobierno central, señaló el exministro de Justicia, Víctor García Toma.
“En este caso hablamos de un competencia que es exclusiva y excluyente por parte del Gobierno central. ¿Qué se ha producido?, desde el punto de vista penal en usurpación de funciones”, indicó.
En diálogo con RPP Noticias, manifestó que cuando una autoridad extralimita el ejercicio de sus funciones incurre en un delito, de acuerdo al artículo 376 del Código Penal. Ahora, refirió que para remediar la ordenanza se tiene que presentar una demanda de inconstitucionalidad o por conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).
El también exmagistrado del TC puntualizó que tras presentarse el recurso, a la institución le tomaría unos 60 días emitir una resolución, aunque anotó que hasta en tres ocasiones ya se pronunció sobre la materia.
“Esto tiene dos salidas: o plantear ante el TC una demanda de inconstitucionalidad o presentar un conflicto de competencia para que por cuarta vez el TC renueve lo que ya había dicho con los gobiernos regionales de Huánuco y Ayacucho, sobre el tema de la hoja de coca, y con Tacna por el tema del comercio de vestidos. En esas sentencias quedó claro que estas competencias son del Gobierno central”, explicó.
El presidente del Consejo del Ministros, Oscar Valdés, ya anunció que se recurrirá al TC para denunciar la polémica ordenanza.
De otro lado, García Toma sostuvo que si las movilizaciones se complican y pasan a tener como objeto un cuestionamiento al Ejecutivo “ya se estaría incurriendo en sedición”.
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