El Consejo de Ministros,
Yehude Simon, afirmó que el Estado ha dejado sentir su presencia en la zona del
valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y ha logrado resultados que con el
tiempo permitirán el desarrollo económico y social, así como desterrar el narcoterrorismo
y pacificación de la zona.
Durante su exposición final ante
el Pleno del Congreso, criticó a quienes afirman que falta coraje para
enfrentar las dificultades que se presentan en la conflictiva zona.
Dijo que pese a las
dificultades y a la pobreza que existen en la zona, el Perú no ha dejado de
atraer capitales e inversiones extranjeras, por lo que demandó el esfuerzo de
todos los sectores para seguir trabajando y avanzando en superar los problemas.
Tras agradecer los aportes y
sugerencias de los congresistas, el premier afirmó que no había acudido al
Congreso con soberbia ni con engaños, y reconoció que en ningún momento había
afirmado que el Gobierno tenía un plan perfecto para el VRAE.
Reconoció también las
dificultades que en cuestiones de inteligencia estaba enfrentando el Estado,
pero advirtió que sí se viene trabajando con equipos de inteligencia en la
zona, los mismos que serán reforzados en las próximas semanas, bajo la
conducción de Jorge Durand Pardo, quien los dirige desde abril del 2007.
Informó además que el
Estado, desde el inicio de su gestión, había destinado 169 millones de soles
para la zona, de los cuales ya se ha ejecutado un 60%,lo que es fácil de
comprobar por quienes visiten la zona.
Asimismo, dijo que de la
partida de 68 millones destinada a indemnizar a las poblaciones afectadas por
el accionar del terrorismo en la década pasada, 12 millones habían sido
invertidos en el VRAE, aclarando de paso que no se había otorgado ninguna
indemnización personal.
Ello ha permitido,
prosiguió, que en las últimas visitas la presencia de los ministros haya
congregado a los pobladores y autoridades, incluyendo a los alcaldes de las
áreas rurales y comités de autodefensa.
Respecto a los casos de
corrupción, informó que en los últimos 150 días, el Estado había castigado a
más de 2,600 funcionarios por actos de corrupción, de los cuales 267 han sido
condenados penalmente.
Se abstuvo, además, de
responder a los agravios y comentarios ofensivos vertidos por algunos
congresistas (de la bancada fujimorista, en particular), para añadir que él
nunca estuvo relacionado con el terrorismo.
