El Consejo de Ministros, Yehude Simon, afirmó que el Estado ha dejado sentir su presencia en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y ha logrado resultados que con el tiempo permitirán el desarrollo económico y social, así como desterrar el narcoterrorismo y pacificación de la zona.

 

Durante su exposición final ante el Pleno del Congreso, criticó a quienes afirman que falta coraje para enfrentar las dificultades que se presentan en la conflictiva zona.

 

Dijo que pese a las dificultades y a la pobreza que existen en la zona, el Perú no ha dejado de atraer capitales e inversiones extranjeras, por lo que demandó el esfuerzo de todos los sectores para seguir trabajando y avanzando en superar los problemas.

 

Tras agradecer los aportes y sugerencias de los congresistas, el premier afirmó que no había acudido al Congreso con soberbia ni con engaños, y reconoció que en ningún momento había afirmado que el Gobierno tenía un plan perfecto para el VRAE.

 

Reconoció también las dificultades que en cuestiones de inteligencia estaba enfrentando el Estado, pero advirtió que sí se viene trabajando con equipos de inteligencia en la zona, los mismos que serán reforzados en las próximas semanas, bajo la conducción de Jorge Durand Pardo, quien los dirige desde abril del 2007.

 

Informó además que el Estado, desde el inicio de su gestión, había destinado 169 millones de soles para la zona, de los cuales ya se ha ejecutado un 60%,lo que es fácil de comprobar por quienes visiten la zona.

 

Asimismo, dijo que de la partida de 68 millones destinada a indemnizar a las poblaciones afectadas por el accionar del terrorismo en la década pasada, 12 millones habían sido invertidos en el VRAE, aclarando de paso que no se había otorgado ninguna indemnización personal.

 

Ello ha permitido, prosiguió, que en las últimas visitas la presencia de los ministros haya congregado a los pobladores y autoridades, incluyendo a los alcaldes de las áreas rurales y comités de autodefensa.

 

Respecto a los casos de corrupción, informó que en los últimos 150 días, el Estado había castigado a más de 2,600 funcionarios por actos de corrupción, de los cuales 267 han sido condenados penalmente.

 

Se abstuvo, además, de responder a los agravios y comentarios ofensivos vertidos por algunos congresistas (de la bancada fujimorista, en particular), para añadir que él nunca estuvo relacionado con el terrorismo.