La presidenta del Congreso defendió que la comisión que investiga presuntas irregularidades en la región Áncash cite a declarar a ocho jueces.
La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, afirmó que ese poder del Estado está facultado para investigar a cualquier funcionario público, y de esa forma defendió que la comisión encargada de los casos de corrupción en la región Áncash investigue a ocho jueces.
"El Congreso no va a ser revisor de fallos, porque está prohibido por ley, pero tampoco se puede limitar la facultad que tiene el Congreso de investigar a cualquier funcionario público", afirmó en declaraciones a la prensa.
Solórzano dijo que "discrepa" con la posición del titular del Poder Judicial, Enrique Mendoza,respecto a que el Parlamento esté invadiendo otros fueros y que la investigación parlamentaria a un grupo de jueces es “inconstitucional”.
"El Congreso no va a hacer el papel del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero tampoco puede estar limitado en investigar y ver si en este caso hay jueces involucrados", insistió.
Pese a su férrea defensa a la facultad investigadora que tiene el Parlamento Nacional, Ana Solórzano indicó que en el caso del llamado que la Comisión López Meneses ha hecho al presidente Ollanta Humala para recoger su testimonio, "somos respetuosos de la Constitución".
"En ese sentido y en toda su facultad, ya se pronunció la premier Ana Jara y el ministro de Justicia", señaló escuetamente.
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