El presidente del TC, Carlos Mesía, lamentó que algunos congresistas piensen que la política criminal del Estado se reduce a elevar las penas cada vez que hay un delito.
Agregó que Perú, por ejemplo, es adherente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, cuyo texto tiene un "espíritu abolicionista" de toda causal de pena de muerte.
Por ese motivo, marcó distancia de la iniciativa presentada en el Parlamento Nacional para que la pena capital se aplique a los casos de delitos graves.
"El Parlamento tiene a veces el defecto de pretender la modificación del Código Penal por razones coyunturales. Es un tema de reforma constitucional, del Código Penal, y de denunciar al sistema interamericano. La verdad es que se está perdiendo el tiempo", opinó.
Lamentó que algunos congresistas piensen que la política criminal del Estado se reduce a elevar las penas cada vez que hay un hecho delictivo.
"Hay una comisión especial del Congreso, revisora del Código Penal, que es la que debe hacer ese trabajo y no lo hace", comentó.
El titular del Tribunal Magistrado sostuvo que la instauración de la pena de muerte incluso es más compleja que el aumento de penas, porque implica cambios en el Código Penal y la modificación de la Constitución Política, con todo el proceso que ello implica.
Y, además, indicó que el establecimiento de la pena de muerte necesariamente requiere que la presidencia de la República proponga el retiro del Pacto de San José, luego que el Congreso apruebe ese planteamiento, y finalmente esperar un año para el retiro oficial.
Para controlar los índices de delincuencia, Mesía propuso que las penas sean acumulativas, es decir, que se aplique la cadena perpetua cuando un delincuente sea condenado dos o tres veces por la misma falta penal.
"No se trata de aumentar la pena por cada delito, sino que un mismo delito cometido reiteradamente, sea castigado con mayor severidad", acotó.
-Andina-
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