Presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento indicó que los responsables políticos de estos sectores, deberán responder por el "chuponeo" a Luis Galarreta.
Los titulares del Ministerio Público (MP), del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio del Interior (Mininter) han sido citados para hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder por la interceptación a las comunicaciones telefónicas del legislador Luis Galarreta Velarde.
El presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, Alberto Beingolea, explicó en RPP Noticias que la presencia del titular del Interior, Wilver Calle, se justifica en que la investigación en torno al caso del ex periodista de Perú.21 Rudy Palma, acusado de delitos informáticos en afectación de ministros de Estado, arranca en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), bajo la competencia de dicho sector.
Apuntó que la sesión no tendría por qué ser reservada debido a que el tema no reviste a una cuestión de seguridad nacional y, en esa línea, desestimó la tesis de que en este caso estemos frente a una asociación ilícita para delinquir.
Asimismo, Beingolea calificó de "irracional" que se haya dispuesto las interceptaciones telefónicas, por el hecho de que esos números figuraban en el celular de Rudy Palma. Sostuvo que debió hacerse un juicio de ponderación, que para él "no resiste el menor análisis".
"Estamos frente a una disposición de un juez que va en contra de los principios fundamentales del derecho. Estamos hablando de alta incompetencia", afirmó el legislador, quien precisó que se podría hablar de “responsabilidades penales de los actuantes”, es decir, el juez y el fiscal implicados en la interceptación telefónica a Galarreta.
Añadió que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, deberá aclarar si no sabía que el teléfono interceptado era el del congresista de oposición o en realidad "mintió a sabiendas", como pone en duda un informe policial del 26 de abril pasado, que dice que el número era de Galarreta.
"Que el fiscal explique cómo es que no sabía, o si sabía y mintió", aseveró Beingolea. Además, anotó que Peláez Bardales deberá aclarar si la orden fue levantada o sigue vigente.
"Esto no podía esperar y por eso los hemos citados hoy, para tener una respuesta inmediata de los responsables políticos del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior. Ya no a través de terceros”, expresó.
Agregó que en el caso de los responsables políticos también se podría hablar de una infracción constitucional, "que da pie a una acusación constitucional".
Finalmente, indicó que también deberá evaluarse si en este caso hubo una violación de inmunidad parlamentaria, que en su opinión así fue.
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