Columna | Lucha contra la corrupción: la hora de la verdad

Este jueves el Pleno del Congreso estará dedicado a la interpelación al ministro de Justicia, quien deberá contestar 21 preguntas en torno al acuerdo de colaboración firmado por Odebrecht y la Fiscalía. Por iniciativa de la congresista Yeni Vilcatoma y con el respaldo de los votos fujimoristas, Vicente Zeballos deberá explicar detalles de su vínculo con el Procurador Ad Hoc, Jorge Ramírez, nombrado para defender los intereses patrimoniales del Estado en el caso Lava Jato. La interpelación sería un procedimiento normal de la vida parlamentaria si no existiesen dos circunstancias particulares.

La primera es que nos hallamos en pleno proceso de interrogatorio fiscal a ejecutivos brasbileños, quienes están colaborando con la Justicia peruana precisamente gracias a ese acuerdo. Esperamos que esa colaboración nos permita saber la verdad y obtener pruebas de la práctica sistemática de corrupción que durante años desvió dinero público permitiendo sobrecostos que fueron recompensados con coimas y ayudas a las campañas electorales.

El acuerdo con Odebrecht ha inspirado a otra empresa brasileña, OAS, a firmar un acta preliminar de entendimiento con el Estado peruano, que podría ser imitada por otras empresas corruptoras. Precisemos sin embargo que el Acuerdo es un documento judicial, que debe ser utilizado con la reserva requerida y sobre todo ser homologado por la Justicia, que lo somete a un control de legalidad.

La segunda circunstancia particular es que el ministro Vicente Zeballos forma parte de un gabinete que todavía no ha recibido la confianza del Congreso. ¿Cuál es el apuro en imponer la interpelación a menos de dos semanas de la entrada en funciones del nuevo gabinete? A falta de respuesta convincente, se ha instaurado el temor de que el objetivo final de la interpelación sea hacer fracasar los interrogatorios fiscales.

A eso contribuiría también la voluntad de derogar la ley que definió los términos de la colaboración judicial con empresas. Si así fuera, no solo corremos el riesgo de que Odebrecht se declare en insolvencia, sino sobre todo de no obtener las informaciones judiciales que laboriosamente se han venido obteniendo. Ellas no solo conciernen a los cuatro últimos gobiernos elegidos, sino también a autoridades municipales, regionales y, sin mayor sorpresa, congresistas.

  Si la interpelación diera lugar a un voto de censura, la flamante bancada Concertación Parlamentaria podría jugar un rol crucial. Cuatro congresistas elegidos en la lista de PPK (Violeta, Heresi, Sheput y Olaechea) se han unido a Jorge Castro (ex Frente Amplio) y al pastor Julio Rozas. Ahora podrían inclinar la mayoría en un sentido u otro. Por eso el Pleno de hoy puede definir las actitudes de cada congresista frente a la lucha contra la corrupción.

Jorge Muñoz y el Metropolitano

Mientras tanto, el alcalde de Lima afina sus planes y precisa sus plazos para realizar el plan con el que postuló a la Municipalidad. Jorge Muñoz se ha comprometido a presentar en breve el expediente técnico y lanzar la licitación de la ampliación de la ruta del Bus Metropolitano. Se crearán 17 nuevas estaciones entre la estación el Naranjal en Independencia y el Terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo.

El recorrido actual será ampliado con 12 kilómetros de un circuito rápido y seguro. Muñoz anunciará también planes calendarizados en otros trayectos claves del transporte público: la extensión hacia el Sur del Paseo de la República, el destrabe de la carretera Ramiro Prialé y el teleférico que unirá la parte alta de San Juan de Lurigancho con Independencia. Si cupieran dudas de la prioridad de erradicar la corrupción, ahora sabemos porqué es indispensable: para mejorar los servicios y con ello la calidad de vida de los ciudadanos.

Las cosas como son