En una entrevista con el programa 'Nada está dicho' de RPP, el coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, dijo que la interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, "está desvinculada de la juridicidad".
El coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, cuestionó la interpelación al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, quien se presentará este jueves ante el pleno del Congreso para explicar los beneficios del acuerdo de colaboración firmado con la empresa brasileña Odebrecht.
"La interpelación, si bien es un mecanismo de carácter constitucional y una atribución del Parlamento, es una iniciativa que está desvinculada de la juridicidad, es decir, de la parte técnica", dijo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.
El fiscal superior señaló que sería "paradójico" que el propio Legislativo derogue la ley 30737, la cual establece el mecanismo de colaboración eficaz de las empresas involucradas en casos de corrupción y los cálculos para la reparación civil y que fue aprobada por dicho poder del Estado.
Rafael Vela sostuvo que la norma está siendo funcional y constituye, objetivamente, un instrumento válido para la averiguación de la verdad del Ministerio Público.
"Caos jurídico"
El coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato consideró, además, que se desataría un "caos jurídico" si el Congreso decidiera finalmente derogar la ley.
Rafael Vela sostuvo que las preguntas que debe responder el ministro Vicente Zeballos "están relacionadas con romper lo que es un resguardo de legalidad".
"Los acuerdos de colaboración eficaz son reservados, porque su conocimiento así lo demanda. Hay una serie de detalles y corroboraciones que tienen que ver no solamente con el uso futuro de esa información, sino también con el futuro control de legalidad que se tiene que hacer", añadió.
Yeni Vilcatoma presentó un proyecto para derogar la ley 30737 al considerar que el acuerdo con Odebrecht traería consecuencias negativas. Según la parlamentaria, el monto de la reparación civil que deberá pagar la constructora brasileña en 15 años (610 millones de soles) resulta muy poco.
Comparte esta noticia