El informe técnico de la comisión de Constitución que considera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tiene la obligación de comparecer ante una comisión del Congreso, contradice a un informe previó que emitió ese mismo grupo de trabajo a inicios de año.
Se trata del informe consultivo N°01-2016-2017 presentado el 9 de febrero por la comisión que entonces era presidida por el fujimorista Miguel Torres. En el documento concluyen que el presidente está exceptuado de ir a una comisión, salvo incurra en traición a la patria, impida las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales o disuelva el Congreso, según el artículo 117 de la Constitución.
Pese a esto, el informe técnico N° 01-2017-2018 aprobado por el grupo de trabajo ahora dirigido por Úrsula Letona sostiene que PPK debe acudir a la comisión Lava Jato, debido a que los hechos por los que se le investiga sucedieron antes de que asuma como presidente.
Interpretación auténtica. De acuerdo al diario La República esta interpretación de la Constitución es reflejo de la que sucedió en 1996 cuando el mismo grupo de trabajo presidido por el padre de Miguel Torres, Carlos Torres y Torres Lara, aprobó una ley para permitir la re-reelección de Alberto Fujimori. En esa ocasión el oficialismo calificó la normativa como una ley de interpretación auténtica de la Constitución, una descripción que también fue usada para este informe de la comisión.
Tras la presentación del informe técnico del grupo de trabajo, la presidenta del Consejo de Ministros Mercedes Aráoz dijo que esta interpretación no protege la investidura presidencial y que por el contrario genera inestabilidad. “Estas interpretaciones auténticas cambian las certezas jurídicas y eso le quita la estabilidad que requiere el país”, dijo la premier desde el Congreso.
Al respecto, la presidenta la comisión de Constitución, Úrsula Letona, sostuvo que la investidura presidencial está protegida pues no se investiga nada del actual presidente. “Durante su mandato no se le puede tocar, pero sí se le puede citar e investigar por hechos anteriores a su gestión. No como presidente la República, sino como ministro de estado de un gobierno con graves indicios de corrupción como el de Toledo”.
