Esta reforma constitucional también propone la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura.
El Congreso de la República aprobó este miércoles una cuestión previa que permitirá que el dictamen que propone una reforma constitucional para crear la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) regrese a la Comisión de Constitución y Reglamento. Este proyecto de ley implica, además, la eliminación de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Con 68 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones, el pleno aprobó la solicitud planteada por la congresista de la bancada Socialista, Silvana Robles. La legisladora argumentó que la creación de la ENM, en el actual contexto político, "no solo es innecesaria, sino también contraproducente".
A su juicio, no existe "una justificación jurídica ni práctica razonable" para la creación de un nuevo organismo encargado de fortalecer la formación de los magistrados.
“Rechazo esta iniciativa de ley porque representa un retroceso hacia modelos ya superados de intervención política en la designación de magistrados que integran los organismos que forman parte de la administración de justicia”, subrayó Robles durante su intervención en el pleno.
Por otro lado, su colega de la bancada de Perú Libre, José María Balcázar, presentó una visión diferente al proponer que los jueces del Poder Judicial y el fiscal de la Nación deberían ser elegidos por el Congreso.
En su visión, el Parlamento no puede renunciar políticamente a su responsabilidad de designar a estos cargos. “Es falso que se politice la justicia a través de este mecanismo. El Tribunal Constitucional es el mejor ejemplo de que no está politizado”, indicó.
Según el proyecto de ley, la Escuela Nacional de la Magistratura sería un centro superior de alta especialización y de investigación académica encargado de la formación, selección, nombramiento, actualización y perfeccionamiento de jueces y fiscales, así como de su capacitación para fines de ascenso.
Requerimiento de la CIDH
A propósito de esta iniciativa de reforma constitucional, en junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la "interferencia del Congreso en el funcionamiento de otros poderes públicos".
“La CIDH reitera que el respeto de la democracia conlleva asegurar la vigencia de un modelo de pesos y contrapesos. En este modelo, las distintas funciones estatales deben corresponder a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí, con el fin de establecer los límites necesarios para el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, evitar la arbitrariedad”, señaló en un comunicado.
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