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Presidente del Congreso no ve con buenos ojos que este grupo de trabajo pida cuentas por el presupuesto que se han destinado para la oficina que debe implantar la bicameralidad. Además de los detalles de la compra de edificio por más de 13 millones de dólares en el centro de Lima.
En julio del próximo año el Congreso dejará de ser unicameral y pasará a tener dos cámaras de legisladores: la cámara de diputados y la de senadores. Para esa adaptación, la mesa directiva que preside el congresista Eduardo Salhuana, creó una unidad ejecutora para la bicameralidad (UEB), a fin de que se encargue de todas las acciones logísticas, de distribución de personal, entre otras medidas.
¿Cuántos trabajadores han sido contratados para la UEB? Es la interrogante que no tiene una respuesta precisa. La alerta la dio el congresista Juan Burgos, presidente de la comisión de Fiscalización quien en la última sesión de este grupo de trabajo solicitó los detalles de las contrataciones y adquisiciones realizadas por esta oficina, pero no tuvo respuesta ni del director ejecutivo de la UEB, Enrique Fernández Paniagua; ni del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno.
Burgos también demandaba detalles de la compra de un edificio en el centro de Lima por un valor de 13 millones de dólares, tal como lo informó RPP en febrero de este año: “Deseamos un Congreso correcto que actúe de acuerdo a las necesidades de la población y es por ello que se tiene que explicar esta compra porque la única forma de que la población crea otra vez en su Congreso es con la transparencia”, indicó el legislador.
La respuesta de Salhuana
Por su parte el congresista Eduardo Salhuana, presidente de la mesa directiva del Congreso, señaló que la única manera de tener lista la bicameralidad para julio del próximo año era creando la unidad ejecutora para hacer más fácil las compras y contrataciones de personal necesario, por ello, criticó el interés del congresista Juan Burgos de conocer los detalles de estos gastos.
“Primero, el congresista Burgos está completamente equivocado. La comisión de Fiscalización del Congreso se ha constituido para fiscalizar y hacer control político al Ejecutivo, no para investigar al Congreso. Es un error garrafal su enfoque [..] El Congreso trabaja, tiene control interno, tenemos auditores y la Contraloría está permanentemente en el Congreso de la República. Y todas las decisiones que se toman son, por ejemplo, con un acuerdo de mesa [directiva], otras con acuerdo de junta de portavoces o directamente con los funcionarios administrativos”, afirmó.
Salhuana añadió que el equipo que labora para esta unidad ejecutora es un grupo de profesionales "altamente especializado" porque, según dijo, para tomar una decisión en torno al edificio del Congreso, no puede intervenir cualquier profesional, ya que el recinto tiene carácter de museo.
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Una oficina por 400 mil soles
Además, para que este equipo técnico trabaje, el Congreso autorizó el alquiler por un año de una oficina en el distrito limeño de San Luis por 480 mil soles, según consta en el contrato N° 001-2025-UEB-OA-UL.
La necesidad de conocer los detalles de las decisiones tomadas por la unidad ejecutora sirven, justamente, para despejar cualquier duda de posible beneficio por afiliación política o contrataciones irregulares, algo que está sancionado por ley.
Cuando la bicameralidad fue aprobada en marzo del año pasado, se afirmó que no representaría gasto adicional al que ya manejaba el Congreso. Uno de los congresistas que defendía esta idea fue Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso quien en la sesión del Pleno el 6 de marzo, día en que se votó por segunda vez la reforma constitucional afirmó: “es mentira que un Congreso bicameral tenga que costar más que un parlamento unicameral [...] creo que tranquilamente podemos reestructurar aquí el gasto y darle a la ciudadanía mejor representación, mejor calidad legislativa y todo a un menor costo”.
Cuando se trata de dinero de todos los peruanos, la transparencia es fundamental. El Congreso iniciará una nueva etapa al volver a la bicameralidad más de treinta y seis años después y debe hacerlo con la toda la legalidad del caso.
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