Un reportaje dio cuenta de que un acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, que data de diciembre de 2022, permite contratar a dedo. En nueve meses de gestión de Eduardo Salhuana (de la bancada de Alianza para el Progreso), el gasto superó los S/3.5 millones en este tipo de personal.
Una investigación periodística denunció que el Congreso de la República realiza contrataciones ilimitadas de personal sin concurso público, sin requisitos académicos y sin filtros mínimos de experiencia.
El programa Cuarto Poder señaló que la Mesa Directiva del Parlamento aprobó en diciembre de 2022, durante la presidencia de José Williams (Avanza País), el Acuerdo de Mesa N.° 072-2022-2023/MESA-CR, con el cual se crea el Módulo de Personal de Confianza Adicional de la Organización Parlamentaria, que ha permitido a los legisladores contratar asesores, bajo el único requisito de contar con el aval del presidente del Congreso.
“Mientras en las calles exigen que se legislen en favor del pueblo, en el Parlamento legislan en favor de ellos mismos. Parece haber una tregua política para aumentarse los sueldos, los bonos y ahora la cantidad de asesores adicionales para los 130 parlamentarios”, dice el reportaje.
"Planta como cancha"
El dominical indicó que, en la gestión de Williams Zapata en 2023, el gasto en estas contrataciones ascendió a S/2 076 722. Su sucesor, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), elevó el monto a S/3 194 476. Pero fue Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso) quien impuso una marca preocupante: en apenas nueve meses de gestión, se gastaron S/3,5 millones en este tipo de personal.
“El Congreso no debería tener un personal adicional de confianza”, advirtió el experto en contrataciones públicas, Marco Montoya, quien reprochó a la Mesa Directiva del Parlamento por generar “puestos de trabajo sin ningún filtro, sin ningún control y sin justificación aparente”.
Por su parte, Alejandro Rospigliosi, analista en temas parlamentarios, opinó que “esta sobrepoblación laboral innecesaria es para pagar favores políticos”. “Hay una alianza administrativa de supervivencia para llegar al 2026, aunque ello implique arrasar con los recursos públicos”, enfatizó.
Polémicos beneficiarios
Uno de los casos más representativos es el de Jimmy Torres, quien, desde agosto de 2024, se desempeña como asesor del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, acusado de tener vínculos con la minería ilegal. En el reportaje, Torres Sias, de 44 años y licenciado en negocios internacionales, admitió que no participó en ningún concurso público para su cargo y justificó su contratación por tratarse de un “cargo de confianza”.
Según el dominical, su sueldo supera los S/15 500, el doble de lo que percibía como técnico de la congresista Silvia Monteza Facho (Acción Popular).
Torres, que no es militante de ningún partido político, enfrenta una investigación del Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible, tras ser vinculado con la supuesta contratación irregular de Rommy Vásquez Yáñez, sobrina de la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre).
En febrero de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Kelly Portalatino y Silvia Monteza, a raíz de ese caso. Según el organismo público, entre febrero y marzo de 2023, Portalatino habría instigado a Monteza Facho para que le gestionara un cargo técnico en la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso para Romy Vásquez. La integrante de la bancada de Acción Popular presuntamente dispuso a Jimmy Torres Sias para que gestione dicha contratación.
Otra beneficiaria del módulo de confianza es Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre del hijo del extitular del Congreso, Alejandro Soto. Hoy, Peralta trabaja como técnica por un salario superior a los S/5 000.
El programa reveló también que, solo en abril de 2025, se destinaron S/491 810 para pagar a 58 trabajadores de este módulo. Y entre agosto y diciembre de 2024, el Congreso gastó S/1 475 789 adicionales en estos asesores, con remuneraciones que oscilan entre S/2 000 y S/15 000.
“Planta como cancha que sale del bolsillo de todos los peruanos”, añadió la investigación periodística.
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