Durante la sesión de interpelación, Héctor Becerril mostró voucher de depósitos de personas del ámbito privado hechos a supuestos funcionarios del Minedu para que ganen proyectos.
Héctor Becerril mostró, durante la sesión de interpelación al ministro de Educación Jaime Saavedra, comprobantes de pago de presuntas transacciones donde funcionarios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa habrían pedido dinero a entidades privadas para favorecerlas con proyectos.
En su denuncia presentó documentos con montos que se giraron a los funcionarios estatales y dijo que el tema está denunciado ante la Fiscalía, sin embargo, comentó que los implicados continúan trabajando "como si nada pasara".
El ministro Saavedra ya estaba enterado de esto. En una entrevista con el diario El Comercio del 27 de noviembre, dijo tener conocimiento del tema y aseguró que la denuncia estaba hecha.
Descargos. "Te cuento una denuncia. Nosotros transferimos a gobiernos locales presupuesto para construir colegios. Escuchamos que había sujetos que decían "yo soy amigo de tal", yo consigo que te hagan el colegio. Hasta que enviamos cartas a las municipalidades y aclaramos que no hay pagos por solicitar obras. Pedimos que nos informen si esto pasaba. Alguien se animó a dar nombres y tenemos las pruebas. Hay un exfuncionario del Minedu y un excongresista, Juvenal Silva. El martes 22 de noviembre hicimos la denuncia", había respondido el titular del sector en aquella oportunidad.
Becerril mencionó que la denuncia que hizo no es la misma que la del ministro. Aseguró que la que presentó está en otra Fiscalía. Minutos después, Mercedes Aráoz lo refutó y dijo que era el mismo tema, solo que estaba en diferentes sedes judiciales.
Pidió tras hacer el reclamo, que Saavedra deje el cargo. "Por el bien del país, es el momento de que el ministro dé un paso al costado si es que tiene algo de honor". Además, comentó que sospecha de que en esa cartera hay una "organización delictiva", en referencia a un caso de corrupción de la compra irregular de un lote de laptops donde se habría desviado dinero.
La funcionaria implicada en este caso, Ruth Vilca, ha trabajado en el Estado desde el año 2000. Según la congresista Marisa Glave (Frente Amplio) ingresó al aparato público en el último período de Fujimori y desde entonces se ha movido por diferentes puestos durante las gestiones de Toledo, García, Humala y ahora PPK.
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