Exministros de Martín Vizcarra rechazan "falsedades" de informe de la comisión de Fiscalización

Diez exministros del gobierno de Martín Vizcarra rechazaron a través de una carta pública las acusaciones en su contra que aparecen en el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, en el que se recomienda la inhabilitación para la función pública por 10 años del expresidente de la República y una acusación constitucional en su contra.  

"Rechazamos categóricamente las falsedades emitidas en este informe que carece de toda rigurosidad legal, y que no ha cumplido con el debido proceso, ni siquiera el de convocar a quienes acusan", dice el comunicado firmado por Walter Martos Ruiz, Jorge Chávez Cresta, Fabiola Muñoz Dodero, Javier Piqué del Pozo, Miguel Estrada Mendoza, Rodolfo Yañez Wendorff, Carlos Estremadoyro Mory, Carlos Lozada Contreras, Jorge Montenegro Chavesta y Jorge Moscoso Flores.

Los firmantes señalan que el informe fue realizado de manera arbitraria "con cuestionables contenidos infundados, que no se sustentan en ninguna prueba o documento". 

"Es preocupante que una Comisión de Fiscalización del Congreso se haya convertido en una plataforma de persecución política impulsada por intereses subalternos de algunos congresistas", afirman. 

El último lunes 14 de diciembre, la comisión de Fiscalización que preside el congresista de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón, aprobó el informe final del caso ‘Richard Swing'. Además de recomendar sanciones contra Vizcarra, el informe pedía acusar constitucionalmente a varios ministros por los presuntos delitos de tráfico de influencias, omisión de funciones y colusión, en el marco de una organización criminal. 

En el comunicado de este viernes, los firmantes señalan que "este informe elaborado de manera parcializada, pretende que 18 exministros de Estado seamos acusados constitucionalmente [...] sobre hechos que no sólo involucran el objeto por el cual fue creada esta comisión, sino que incluyen otros casos, con información falsa". 

Además, acusan a la comisión de Fiscalización de no haberlos citado para ejercer su legítimo derecho de defensa y de basar su informe en "reportajes periodísticos e información no comprobada". 

También enfatizan que no han tenido "ningún tipo de participación en contratación alguna", y que siempre han respetado lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

"En ese sentido, afirmamos que nunca se nos ha exigido o solicitado la contratación ni favoritismo de ningún ciudadano para el ejercicio de algún cargo público, por lo que plantear una inhabilitación y acusación constitucional es inconcebible y descabellado", dice el comunicado. 

Finalmente, hacen un llamado a respetar los debidos procesos "y a no utilizar los cargos públicos para llevar a cabo venganzas políticas, que afectan nuestra democracia".

"La actuación del Poder Legislativo y los representantes de las diferentes bancadas que lo integran debe llevarse a cabo con la mayor objetividad y transparencia, y no caer en el juego de aquellos que buscan manchar honras y someter a escrutinio púbico a profesionales y funcionarios de carrera".