Fernando Rospigliosi exige cumplimiento de ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad tras ser declarada constitucional

Fernando Rospigliosi señala que jueces que no apliquen la Ley 32107 incurrirán en prevaricato.
Fernando Rospigliosi señala que jueces que no apliquen la Ley 32107 incurrirán en prevaricato. | Fuente: Andina

El presidente encargado del Congreso de la República respaldó el fallo del Tribunal Constitucional y advirtió que los jueces que no apliquen la norma podrían ser denunciados por prevaricato.

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, sostuvo que la Ley N.º 32107, que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, debe cumplirse obligatoriamente, tras haber sido declarada constitucional.

En declaraciones a la prensa, el legislador de Fuerza Popular respaldó las recientes afirmaciones de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, luego de que dicha entidad declarara infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público contra la referida norma.

La ley establece que el delito de lesa humanidad y crímenes de guerra solo son aplicables a hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú, es decir, a partir de julio de 2002.

"Ha reiterado lo evidente, que esa ley tiene que cumplirse, la ley no solamente ha sido aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, sino que ha sido declarada constitucional. No hay ninguna norma internacional que esté por encima de la Constitución", afirmó.

En ese sentido, Rospigliosi precisó que, a partir de la próxima semana, el Poder Judicial deberá atender los casos en los que abogados de militares y policías -que, según indicó, han sido perseguidos injustamente- han interpuesto recursos solicitando la aplicación la Ley N.º 32107.

Asimismo, advirtió que cualquier juez que se niegue a aplicar dicha norma será denunciado por el delito de prevaricato y sancionado por las entidades correspondientes.

“Si algún juez prevaricador, politizado y corrupto no aplica la ley deberá ser sancionado de inmediato por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y por la Oficina de Control de la Magistratura y será denunciado penalmente por prevaricato por no aplicar una ley que es perfectamente constitucional”, concluyó.

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