La Fiscalía de la Nación remitió al Congreso de la República la opinión del Ministerio Público en la que recomienda a los parlamentarios revisar "de forma exhaustiva" los compromisos internacionales asumidos por el Perú.
La Fiscalía de la Nación remitió al Congreso de la República la opinión del Ministerio Público respecto al Proyecto de Ley 3577/2022-CR, que modifica la Ley de Extinción de Dominio.
Entre otros aspectos, señalan que resulta inviable y recomienda a los parlamentarios revisar "de forma exhaustiva" los compromisos internacionales asumidos por el Perú en las convenciones de Palermo y Mérida sobre la regulación de la figura de extinción de dominio (como se le conoce en Latinoamérica) o decomiso sin condena (denominación utilizada en Europa y en gran parte del mundo).
Más temprano, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reiteró su pedido al Congreso para que no ratifique, en segunda votación, la modificación de la Ley de Extinción de Dominio vigente, que permite la persecución de los bienes y dineros de origen ilícito o delictivo.
En exclusiva con Ampliación de Noticias, la titular del Ministerio Público alegó que la ratificación del dictamen del proyecto de Ley 3577, aprobado en primera votación el 14 de diciembre pasado, limitaría la lucha del sistema de justicia para perseguir los “bienes mal habidos” producto de la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de drogas, entre otras actividades criminales.
“Estamos llamados a reflexionar y pedirles que piensen, que esa primera votación no puede convertirse en una segunda para aprobar esta ley”, declaró.
Así, Espinoza Valenzuela precisó que, de modificarse la normativa, están en riesgo más de 5 500 procesos quedarían impunes, porque solo se podrían incautar los bienes cuando exista una sentencia firme y ya no durante la investigación, lo que facilitaría que los criminales puedan utilizar testaferros, transferir o desaparecer los bienes obtenidos de manera ilícita.
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Poder Judicial: proyecto desvirtúa figura de extinción de dominio contra el crimen organizado
Sobre este tema, el Poder Judicial envió al Congreso de la República la opinión institucional respecto al Proyecto de Ley Nº 3577/2022-CR, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1373 sobre Extinción de Dominio, aprobado en primera votación el año pasado por el pleno del Parlamento.
En el documento, la institución judicial considera que el Congreso de la República desvirtúa la figura jurídica de la extinción de dominio, herramienta de política criminal para luchar contra los efectos de la corrupción y la delincuencia organizada.
Además, señala que, de aprobarse esta iniciativa en segunda votación, colocaría al Perú en una situación de posible incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuerpo intergubernamental creado para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mundial.
La posición del Poder Judicial contiene la opinión institucional sobre el referido proyecto, el cual fue remitido a la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
En la misma, la institución judicial cuestiona que la propuesta normativa en mención plantea la introducción de una limitación a la acción de extinción de dominio que prescribe en cinco años contados a partir de que la sentencia queda firme y consentida.
“Resulta cuestionable el plazo propuesto que es excesivamente corto para lograr algún resultado, pues no se trata comúnmente de una singularidad de bienes, sino de la pluralidad de ellos (…)”, señala el documento.
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