La opinión pública y la Policía Nacional [COLUMNA]

La lamentable sesión de la Comisión de Defensa del Congreso ha tenido como resultado la expresión espontánea de respaldo a la Policía Nacional y en particular a la División de Alta Complejidad, DIVIAC, severamente cuestionada por el APRA y Fuerza Popular. Desde los grandes éxitos del GEIN en la lucha contra el terrorismo no existía un cuerpo policial que se distinguiera por su énfasis doble en exigentes estándares de profesionalismo y respeto a los derechos fundamentales.

El congresista Carlos Tubino, Almirante retirado y vocero de la bancada de Fuerza Popular, ha presentado excusas a la Policía Nacional, “en caso de que alguno de sus miembros se haya sentido ofendido por sus expresiones”. ¡Y vaya que si tenían razones! Carlos Tubino dijo que la policía disponía de mazmorras en la sede de la prefectura, en las que se ejercía presión sobre los detenidos para que afirmen lo que la policía quería que digan. Por eso habló de “policía política”, expresión que ha adquirido popularidad por las arbitrariedades que se cometen cada día en Venezuela, supuestamente para luchar contra el  terrorismo.

Al parecer hay congresistas que no se dan cuenta de la limitada confianza de la que gozan. Y es evidente que la lentitud para levantar la inmunidad del general Edwin Donayre no ha contribuido a mejorarla, máxime después de que el ex comandante  general del Ejército se convirtiese en un vulgar prófugo de la justicia. ¡Y decir que hace pocos meses afirmaba haber sido entrenado para la guerra y que no temía entrar a la prisión si así lo decidía la Justicia de su Patria! Integrada por 500 efectivos, desde su fundación el 2006 la DIVIAC ha realizado 75 mega-operativos, deteniendo a 2,400 personas, entre los que figuran criminales de alta peligrosidad.

Reformas que no avanzan

Existe una única manera de que el Congreso mejore su imagen, de manera que los que se retiren el 2021 puedan sentir que dejan un legado que amerite el reconocimiento de sus conciudadanos: hacer leyes y reformas que contribuyan a perfeccionar nuestras instituciones,  a reactivar la economía y mejorar la calidad de los servicios públicos. Ese es el sentido de las reformas política y judicial. Desdichadamente, la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, no prioriza los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo.

El referendo del pasado 9 de diciembre puso en evidencia el elevado porcentaje de ciudadanos que todavía confía en que la lucha contra la corrupción pueda marchar paralela al dinamismo de los partidos, la eficacia del sistema electoral y la calidad de nuestro modelo de representación. Necesitamos que los mejores ciudadanos, y en particular los jóvenes, se sientan motivados a comprometerse con las responsabilidades públicas. Y necesitamos también que los mejores abogados aspiren al servicio en Juzgados y Fiscalías, sin creer que la mejor carrera es necesariamente la que se hace en los estudios jurídicos. Por si faltaran pruebas de la necesaria credibilidad del aparato judicial, basta pensar en las severas requisitorias fiscales contra Ollanta Humala y su esposa, que nos hacen entrar en una nueva etapa de la lucha contra la corrupción.

El caso inglés

Un buen ejemplo de los estragos que causa la demagogia y la manipulación política del miedo lo ofrece el Reino Unido. Una de las democracias más antiguas y consolidadas del mundo se acerca al día en que tendrá que vivir una paradoja política difícil de igualar. Los ciudadanos británicos deberán votar el próximo 23 de mayo para elegir a los diputados que los representarán en el parlamento de la Unión Europea.

Todo hace pensar que la primera mayoría la obtendrá el partido de Nigel Farage, fundador del Partido del Brexit. Por primera vez los históricos partidos conservador, laborista y liberal serán castigados por igual, en beneficio de una fuerza nueva que recurrió a la mentira para ganar el referendo que condujo a la salida británica de la Unión Europea.

Las cosas como son