Leonardo Inga y Omar Merino exigen sanción para los responsables de permitir vacunación a Vizcarra

El congresista de Acción Popular, Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la COVID-19, expresó su indignación ante la vacunación de Martín Vizcarra. 

“Es indignante conocer que el señor Vizcarra haya recibido su tercera dosis de una vacuna contra la COVID-19, cuando millones de peruanos aún no pueden recibir ni siquiera la primera”, dijo para RPP Noticias.

“Es irónico que la persona que no quiso traer la vacuna Pfizer al país en diciembre pasado y salvar miles de vidas, prefiriendo esperar la vacuna china, hoy corra a ponerse una vacuna Pfizer. no es posible que personas que se aprovecharon de su cargo, para tener el privilegio de vacunarse primero,hoy reciban más vacunas del Estado peruano”, añadió.

En ese sentido, dijo que tanto la Premier Violeta Bermúdez y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, “deben responder por estos hechos ante el Pleno del Congreso”. 

Por su parte, el parlamentario de Alianza Para el Progreso, Omar Merino, quien preside la Comisión de Salud, sostuvo que los responsables de la vacunación de Martín Vizcarra merecen una sanción ejemplar. 

“Lo que lamentamos no son solo las mentiras del señor Vizcarra, sino que estas afecten a la ciudadanía, la pandemia y el proceso de vacunación no son un juego y no deben utilizarse con fines políticos. El señor Vizcarra había sido vacunado de manera irregular, a escondidas, y ahora recibe una tercera dosis robandole la oportunidad de inmunizarse a un peruano que realmente lo necesite”, indicó.

“Considero que esto es una verdadera irresponsabilidad y falta de empatía, se trata de una situación verdaderamente indignante y que merece una sanción ejemplar a los responsables. Es lo que exigimos desde la Comisión de Salud y Población por respeto a la ciudadanía que aún luchan y pierden vidas a diario a causa de la COVID-19”, aseveró. 

Cabe anotar que Martín Vizcarra, junto a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, tras la investigación del Congreso de la República por el caso Vacunagate, lo cual -hasta ahora- le ha impedido asumir su cargo de congresista electo, pese a haber sido el más votado en las elecciones generales del 11 de abril.

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