La congresista, integrante de la Comisión Permanente en funciones tras la disolución del Parlamento, señaló en una entrevista que esa medida fue tomada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, con el fin de encubrir la corrupción y los delitos de Odebrecht, y los que supuestamente lo involucran. Para reforzar su afirmación, señaló literalmente lo siguiente: “somos el único país en el mundo en el que no se ha sancionado ni se le ha tocado con el pétalo de una rosa a esa empresa corrupta [Odebrecht]”. Tras revisar los documentos judiciales y el historial del caso, Ojo-Publico.com concluye que esta afirmación es engañosa.
Rosa Bartra, miembro de la Comisión Permanente del Congreso
Contexto: Entrevista en ATV Noticias
Fecha de la declaración: 7 de octubre del 2019
En consulta para esta verificación, la congresista Rosa Bartra se reafirmó en su posición y explicó que se refería a la no aplicación, en el Perú “de una sanción administrativa o penal a la organización criminal Odebrecht por las actividades delincuenciales sistemáticas que desarrollaron en el país”.
Rosa Bartra aludió a la sanción impuesta el último 10 de julio del 2019 por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a la constructora Odebrecht, por haber presentado documentos falsos al Registro Nacional de Proveedores para el trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras públicas. OSCE le impuso la sanción administrativa de “inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de 40 meses”, como se lee en la resolución respectiva. Esta sanción, en efecto, no tiene como motivo el delito relacionado a la entrega de coimas a funcionarios y autoridades peruanas.
Sin embargo, existe una medida punitiva impuesta a Odebrecht por los delitos relacionados a los sobornos que pagó durante nueve años a diversas autoridades de los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016): la reparación civil consignada en el acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la Procuraduría Pública y la empresa constructora Odebrecht, firmado en febrero del 2019 en la sede del consulado peruano en Sao Paulo y homologado por la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Criminalidad Organizada y de Corrupción de Funcionarios en junio del 2019.
En dicho documento, se acordó que Odebrecht debe pagar al Estado peruano 610 millones de soles de reparación, más 150 millones en intereses legales, lo que da un total de 760 millones de soles que será pagado en un plazo de 15 años, con una garantía de un fideicomiso. Esta reparación civil se da por “resarcimiento al daño generado por los hechos de corrupción” respecto a los sobornos, que ascienden a 32 millones de dólares, en cuatro proyectos en los que la empresa ha asumido total responsabilidad: la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica (tramos 1,2 y 3), la Vía de Evitamiento en Cusco, y la Costa Verde en el Callao.
En la misma resolución se afirma que dicho monto “fue determinado únicamente con las fórmulas establecidas en la Ley Nº 30737 y su reglamento”. Esto es, la ley “que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos”, la cual fue votada y aprobada en el Pleno del Congreso en marzo del 2018.
En el documento que Rosa Bartra mandó a Ojo-Publico.com para explicar sus argumentos puso como ejemplo los casos de Colombia y México, donde se decidió inhabilitar a Odebrecht para contratar con el Estado y además se le impuso una reparación civil.
En efecto, Colombia, donde la constructora pagó 11 millones de dólares en sobornos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó en diciembre del 2018 que la empresa efectúe el pago de una reparación civil de 250 millones de dólares y la inhabilitó por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales. Del mismo modo, en abril de 2019, México inhabilitó a Odebrecht de participar en contrataciones públicas por tres años, debido al pago de 10.5 millones de dólares en sobornos entre el 2010 y el 2014. Además, en septiembre del 2019, la Suprema Corte de Justicia de ese país le ordenó pagar una multa por reparación civil equivalente a 27,7 millones de dólares americanos.
De hecho, son varios los países donde, al igual que el Perú, se ha impuesto el pago de indemnizaciones a Odebrecht. En abril del 2017, un juez de Estados Unidos ordenó que la empresa pagara un total de 2.600 millones de dólares a distintos países donde cometió actos de corrupción. De ese monto, 2.399 millones de dólares correspondieron a Brasil, el país donde más sobornos pagó la empresa. A pesar de esa sanción, Odebrecht todavía ha seguido obteniendo contratos públicos en EE.UU. Por ejemplo, en noviembre del 2018, ganó el proceso de selección para obras de modernización en el Puerto de Miami.
Ese mismo mes, el Estado brasilero, a través de su Consejo Administrativo de Defensa Económica, firmó acuerdos con Odebrecht para fijar una reparación civil de 152,5 millones de dólares. Cabe decir que, para entonces, cuatro años después de iniciadas las investigaciones del caso Lava Jato, Odebrecht ya había logrado un nuevo acuerdo con la empresa estatal brasileña de generación y distribución de energía, Furnas, para obras civiles, suministro de materiales, montaje y desmontaje electromagnético. El contrato sigue en ejecución.
Otros países que han impuesto el pago de reparaciones a Odebrecht son Panamá (220 millones), República Dominicana (184 millones) y Guatemala (18 millones), Estados Unidos (93 millones) Suiza, (116 millones). Por otro lado, hay países que no han sancionado de ninguna forma los actos de corrupción de la empresa.
El caso más notorio es el de Venezuela, donde se pagaron sobornos por 98 millones de dólares, aunque aún no hay una sanción por dichos actos. En septiembre del 2019 el gobierno venezolano dio por terminados los 17 contratos con la empresa por no haber concluido con las obras, pero no se le ha sancionado por los sobornos ni fijado una reparación civil.
“En Venezuela no se ha hecho nada respecto a un acuerdo de colaboración eficaz ni de reparación civil porque ahí el gobierno de Maduro controla todo y no lo van a permitir, además su Ministerio Público no es autónomo”, precisó Samuel Rotta, Director Ejecutivo de Proética, una organización dedicada a promover la ética y la lucha contra la corrupción.
A una consulta para esta verificación, Rotta indicó que en una condición parecida se vislumbra en Ecuador, donde el escándalo ocasionó algunos arrestos, pero las autoridades todavía se encuentran negociando con Odebrecht un acuerdo de reparación civil. Vale decir que, en julio del 2019, los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia definieron la metodología que se utilizará para calcular la reparación junto a representantes de la empresa brasileña.
Por otro lado, en los dos países de África donde la constructora brasileña también sobornó a sus autoridades (Mozambique y Angola) no se realiza ninguna investigación sobre el caso, por lo que “tampoco pasó absolutamente nada”, explicó el representante del capítulo peruano de Transparencia Internacional.
Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación de la titular de la Comisión Permanente del Congreso, Rosa Bartra, sobre que Perú es el único país del mundo que no ha sancionado a la empresa Odebrecht, es engañosa.
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