Los legisladores calificaron la carta del presidente del Congreso como una solicitud "estrictamente personal y no institucional”.
Los legisladores de la Bancada Liberal, Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Unidos por la República y Frente Amplio enviaron una carta dirigida a Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, donde resaltaron que la consulta formulada por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, no fue debatida ni aprobada por el Poder Legislativo, “por lo que se trata de una solicitud estrictamente personal y no institucional”.
El pasado viernes 16 de agosto, Olaechea envío una solicitud de opinión para que el ente precisara “si los principios democráticos de separación de poderes y de pesos y contrapesos entre los mismos están siendo observados” en el Perú.
El pedido fue hecho luego que Martín Vizcarra remitiera un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso, con el fin de alentar las elecciones presidenciales y congresales para el año 2020. Este también excluye la posibilidad de que el actual presidente sea candidato.
En la carta explican que tras los casos de corrupción como Lava Jato, el Poder Ejecutivo “se ha visto en la necesidad de proponerle al Poder Legislativo una transición constitucional que permita a los electores hacer realidad una renovación y recomposición de ambos poderes en el plazo más corto posible”. Esto con el objetivo de superar la crisis de gobernabilidad que hay en nuestro país, argumentaron.
Señalaron que aunque en la Constitución no se contempla el adelanto de elecciones, tampoco se impide una reforma para hacerlo de manera excepcional de la manera que se propuso.
“Para nosotros, el adelanto de elecciones no solo es necesario y se encuentra justificado, sino que es constitucional y cuenta con precedentes en nuestra historia republicana”, expresaron en la carta.
Agregaron que la propuesta del Ejecutivo no afecta la separación de poderes. Tampoco lo hace una “posible cuestión de confianza sobre el proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones”.
“Tanto el diseño constitucional como la práctica parlamentaria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional confirman que una eventual cuestión de confianza podría plantearse respecto de cualquier tipo de normas legales, incluyendo las de reforma constitucional”, concluyen.
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