César Segura
El parlamentario comentó que el Congreso deberá continuar con el trámite del informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. | Fuente: Andina

Para el legislador César Segura (Fuerza Popular) el Congreso no debe acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humano, sobre el archivamiento de la investigación a los magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón, pues dijo que este organismo internacional no debe inmiscuirse en temas políticos.

Según explicó, el país podría incumplir la decisión de la Corte IDH basándose en la Constitución, el control político y el balance libre de poderes y así no se correría ningún riesgo respecto al cumplimiento de normas internacionales.

“El Congreso no debe acatar esta decisión por ningún motivo, a la corte hay que ponerle freno cuando se inmiscuye en temas políticos y de balance de poderes”, dijo el parlamentario fujimorista a la agencia Andina.

Relación con la Corte IDH

El congresista también aseguró que Perú debe hacer primar su soberanía ante cualquier decisión de la Corte IDH. Además consideró que nuestra relación con este organismo está rota debido a la postura que han tenido en temas de terrorismo.

“La relación con la corte se ha roto hace rato porque han defendido a terroristas, somos un país soberano y creo que debemos pronunciarnos respecto a esta pretensión de seguir inmiscuyéndose en asuntos de Estado”, comentó.

Acusación debe continuar

En esa línea dijo que la resolución del organismo internacional, en la que ordenan al Gobierno peruano reconsiderar su postura sobre la sanción de los magistrados del Tribunal, genera incertidumbre judicial porque consideró que ellos cambiaron el voto de Vergara Gotelli.

“No hay nada que se sustente en el rango legal, la Constitución dice que los casos donde hay cosa juzgada no pueden ser abiertos porque se vulnera el derecho de los ciudadanos al debido proceso”,

Por tanto dijo que el Congreso debía continuar con su trámite del informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre los magistrados, el mismo que aún está pendiente de ser visto en el Pleno del Congreso.