En Ampliación de Noticias, el legislador del partido Acción Popular, Wilson Soto, indicó que su organización política está de acuerdo con que los partidos políticos en Perú reciban aportes de empresas privadas, pero de manera transparente. También resaltó que existe consenso en el Parlamento para que avance la iniciativa que limita la participación en elecciones de sentenciados por delitos graves hasta diez años después de cumplir su condena.
Congreso
Wilson Soto
El congresista de Acción Popular (AP), Wilson Soto, sostuvo que el partido de la lampa respalda la propuesta que se impulsa en el Parlamento para que los partidos políticos en el Perú reciban aportes de empresas privadas. Actualmente, la norma señala que las organizaciones políticas solo pueden recibir recursos de personas naturales y de personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro.
Es preciso señalar que el último viernes 29 de noviembre el Pleno del Congreso decidió —por mayoría— devolver el dictamen del proyecto a la Comisión de Constitución al no hallarse consenso sobre los principales cambios propuestos.
En Ampliación de Noticias, Soto indicó que el aporte de esos fondos debe darse de forma transparente en el Perú, como ocurre en otros países como Estados Unidos.
"Creo que hay que transparentar porque, si bien es cierto hay un financiamiento público, ahora va a haber un financiamiento privado. Nosotros, desde el partido de Acción Popular, sí estamos de acuerdo porque vamos a transparentar [a] quienes aportan a las campañas y yo creo que en el mundo también se ve", indicó.
Consultado acerca de que la propuesta que se discute en el Parlamento incluye un mecanismo que permite el aporte confidencial, el legislador indicó que a nivel de la Comisión de Constitución emitió un voto "a favor con reserva".
El integrante del señalado grupo de trabajo reiteró que el financiamiento a los partidos políticos debe ser transparente y que si la persona jurídica, es decir, la empresa, aporta, se "diga cuánto ha aportado".
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En otro momento, el legislador de Acción Popular (AP) destacó que, a nivel del Parlamento, está avanzando el dictamen de reforma constitucional que "garantiza la idoneidad en la función pública". El texto fue aprobado en la Comisión de Constitución y quedó listo para ser visto en el Pleno del Congreso.
La propuesta contempla que están impedidos de postular a cargos de elección popular, hasta por 10 años después de haber cumplido su condena, sentenciados por los delitos de los "tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, así como los delitos por delitos contra los poderes del Estado y el orden Constitucional.
"Yo creo que hay consenso [de que avance], es más, han recogido uno de los proyectos que también estoy planteando, por ejemplo, que rehabilitados no puedan ser candidatos has 10 años. Es importante para nosotros, el Parlamento, [que] si las autoridades que van a representarnos desde la Presidencia, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores tienen que ser personas idóneas y después no vamos a lamentar por qué elegimos a tal persona que está con cuestionamientos", indicó.
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