Unión por el Perú
Unión por el Perú es otra de las 21 agrupaciones que compite por curules en el Congreso para estas elecciones extraordinarias. | Fuente: EFE/Andina

Unión por el Perú, la agrupación cuyo secretario general es el ex congresista y dirigente sindical José Vega Antonio, presentó un total de 140 candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias de este 26 de enero. No obstante, solo 106 continúan en carrera para este proceso.

Tras una revisión a las declaraciones juradas de hoja de vida de cada uno de los 140 aspirantes presentados por el partido, es posible identificar que 21 declararon haber sido procesados o sentenciados por diferentes cargos, que van desde la materia civil - contractual hasta el homicidio. Aquí el recuento:

-Rebelión, secuestro, homicidio y otros-

El de Antauro Humala Tasso es el intento de postulación más llamativo de este partido. El hermano del expresidente Ollanta Humala cuenta con sentencia firme a 19 años de prisión por los delitos de rebelión (artículo 346 del Código Penal, que sanciona el levantamiento armado para deponer a un gobierno legalmente constituido), secuestro, homicidio simple, sustracción de armas y demás daños durante los hechos ocurridos en el ‘Andahuaylazo’. Señaló los cargos para presentar su candidatura por Lima, pero el Jurado Nacional de Elecciones ratificó que no podía participar debido a la vigencia de su condena.

Otros candidatos -estos sí en carrera- que declararon sentencias por el delito de rebelión son Jorge Centeno Suaña (Puno), Roberto Chavarría Vilcatoma (Junín), Posemoscrowte Chagua Payano (Huancavelica), Héctor Maquera Chávez (Tacna) y Lucimar Alarcón Velasque (Apurímac). En el caso de Centeno, su condena a cinco años de prisión efectiva fue dictada el 2008, el mismo año en que Chavarría fue condenado a nueve años de cárcel. También el 2008, el postulante Chagua fue sentenciado a ocho años de prisión por rebelión, secuestro y otros ilícitos. Otro cargo que se le atribuyó y sentenció en 2014 es el de omisión de actos funcionales. 

Maquera Chávez, por su parte, fue condenado a nueve años de prisión efectiva por rebelión, sustracción de armas y otros ilícitos relacionados en el año 2011. Además, fue procesado por omisión de prestación de alimentos y reconocimiento de paternidad. Por último, Alarcón Velasque señaló una sentencia de 2009 en su contra por el delito de rebelión, por la que cumplió cuatro años de prisión suspendida. 

-Homicidio culposo y otros-

El candidato Héctor Arias Cáceres, representante por Arequipa, declaró una condena de 2004 por el delito de homicidio culposo (artículo 111 del Código Penal) y otra sentencia de 1997 por peligro común.

Axel Bailón Chuquiruna, postulante por La Libertad, declaró por su parte una sentencia de 2017 -aún vigente- por homicidio culposo, con la que se le impusieron tres años de prisión suspendida.

-Resistencia o desobediencia a la autoridad- 

Los candidatos Jorge Arista Cueva (Áncash), Oswaldo Hernández Ormeño (Lima) y Jorge Miranda García (Lima) declararon haber tenido sentencias por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 368 del Código Penal).

En el caso de Arista, este cargo se suma a los de abuso de autoridad (artículo 376), demora de actos funcionales (artículo 377) e incumplimiento de actos funcionales (artículo 229). Según detalló en su hoja de vida, cumplió sentencia de un año de prisión suspendida por cada delito.

En el caso de Hernández Ormeño, el candidato declaró una sentencia de 2016 por desobediencia o resistencia a la autoridad, mientras que Miranda García señaló que la suya fue dictada por el mismo delito en el 2005. 

-Delitos diversos-

La candidata Carmen Felipe Soto (Ica) declaró en su hoja de vida haber sido sentenciada por avocamiento ilegal de proceso en trámite, un delito contra la administración de justicia previsto por el artículo 410 del Código Penal. Por este cargo, Felipe recibió un año de inhabilitación el 2018.

Jesús Cueva Herrera, candidato por Áncash, declaró una sentencia de 2005 por tenencia ilegal de armas. Bajo este cargo, cumplió un año de prisión suspendida. Víctor Vidaurre Ñopo, quien postula por Lambayeque, señaló haber sido condenado en 1988 y 2005 por los delitos de lesiones y difamación, respectivamente, mientras que el excluido Gustavo Espinoza Soto -quien participaba por Lambayeque- declaró una condena a cuatro años de prisión suspendida por contaminación o adulteración de bienes o insumos destinados al uso o consumo (artículo 286 del Código Penal). Además, declaró tener una demanda en materia contractual.

El candidato por la región Piura, Alejandro Vílchez Pardo, indicó haber sido sentenciado a un año de prisión suspendida por el delito de difamación en el año 2017. Y el aspirante por Pasco, Nilton Meza Franco, señaló una sentencia que quedó firme en su contra en el 2001 por el delito de omisión simple y por la que ya cumplió siete años de prisión efectiva.

Por su parte, el candidato de Lambayeque, Félix Gil Mayanga, declaró haber sido procesado por el presunto delito de peculado doloso, pero detalló que por aquel cargo fue declarado absuelto el 2016.

-Deuda alimentaria-

Los ahora excandidatos (por inscripción improcedente y exclusión, respectivamente) Fabián Quispe Arohuillca (Apurímac) y Christian Ruiz Ríos (Loreto) declararon en su momento haber sido procesados por omisión de prestación de alimentos. En el caso del primero, se le ordenó un pago mensual de 80 soles, mientras que sobre el segundo se resolvió como fundada en parte la demanda en su contra. 

-Proceso contractual- 

Virgilio Acuña Peralta, hermano del ex candidato presidencial César Acuña Peralta, también postula por Unión por el Perú. En su declaración jurada de hoja de vida declaró tener una demanda fundada y archivada en materia contractual, pero no brindó más detalles al ente electoral.