El papel de los gobiernos regionales ante un conflicto social

En el Perú existen 199 conflictos sociales vigentes, informa el reporte Willaqniki que publica el Gobierno. Estos son manifestaciones del descontento social por la percepción de un desarrollo que no incluye a todos. De hecho, 79% de peruanos no cree que los recursos se reparten de manera equitativa en el territorio, según una encuesta del Instituto Integración.

Rolando Luque, encargado de la prevención de conflictos sociales en la Defensoría del Pueblo, señala que “en los lugares donde hay proyectos mineros, proyectos gasíferos o petroleros, las condiciones de vida no han cambiado sustancialmente. En algunos casos sí, por acción de las propias empresas, pero todavía tenemos un gran atraso de parte del Estado para llevar servicios públicos a buena parte del país.”

Los gobiernos regionales y municipales deberían aportar en conectar a las comunidades con los servicios del Estado. Sin embargo, la OCDE indica que son las instituciones más débiles del país. Por ejemplo, les ha correspondido amplio poder de decisión, pero sus recursos no son esfuerzo propio, sino un traspaso desde el gobierno central.

El Viceministro de Gobernanza territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina, afirma que las colectividades territoriales no han sido empoderadas. “No les hemos dado herramientas, porque seguimos teniendo una lógica centralista, no les queda otra que venir a pedir al centro y esa es la base de los conflictos: la desatención. Pero los gobiernos deberían ser nuestra primera línea de respuesta”, afirma.

Sólo una cuarta parte de los conflictos sociales tienen como responsables a los gobiernos regionales y las municipalidades. Mientras tanto, el gobierno central sería el responsable de la mayoría de los conflictos, a pesar de que estos descontentos se originan por la falta de cumplimiento de responsabilidades locales.

“La gente pide algo porque siente que no le están dando nada, luego la empresa dice “yo le doy al gobierno regional el canon” pero la comunidad no recibe”, precisa Elena Burga, Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.

Molina sostiene que “todos los que compartimos un territorio somos socios y responsables de que ese territorio se desarrolle de manera sostenible porque eso facilita nuestra convivencia en el futuro". El viceministro considera que es necesario promover la presencia de un trío de actores. “Tenemos que tratar que estén presentes los actores privados, la colectividad territorial y el Estado”, precisa.

De cara a las próximas elecciones, el gobierno del presidente Martín Vizcarra apuesta por aumentar la confianza, el diálogo y la capacitación a las nuevas autoridades regionales y locales que serán elegidas. El gran reto es que estos gobiernos tengan más protagonismo en recoger y responder a las demandas sociales.