El partido Renovación Popular consideró que la acción fiscal representa una supuesta utilización política de la facultad de investigar de la titular del Ministerio Público.
El partido conservador Renovación Popular acusó este jueves a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de pretender "interferir en el proceso electoral" convocado recientemente por la presidente de la República, Dina Boluarte.
La denuncia hecha por la plataforma política, que lidera Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, se produce después de que la titular del Ministerio Público iniciara diligencias preliminares por pedidos recibidos para declarar ilegal las agrupaciones Fuerza Popular y País para Todos, que presiden Keiko Fujimori y Carlos Álvarez, respectivamente.
Para Renovación Popular, la acción fiscal representaría una "utilización política" de la facultad de investigar de Espinoza Valenzuela.
"Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantiene en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin", demandó.
El partido conservador expresó también su "firme convicción y defensa al Estado de derecho, al sistema democrático de gobierno y el respeto irrestricto al derecho constitucional de todos los peruanos de elegir y ser elegidos".
"El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación", añadió en la breve misiva.
El motivo de la petición contra Fuerza Popular y País para Todos
En vísperas, se dio a conocer inicialmente que la Fiscalía de la Nación adoptó esa medida contra la organización derechista Fuerza Popular por una presunta conducta antidemocrática. Delia Espinoza delegó al fiscal Dante Pimentel recabar un informe detallado sobre el estado actual de la investigación abierta a Keiko Fujimori por la supuesta comisión de lavado de activos, en el denominado caso 'cócteles'. Asimismo, que recoja un informe detallado sobre el estado actual de la investigación contra Kenji Fujimori por el presunto delito de tráfico de influencias y otros.
Con respecto a País para Todos, el organismo público dispuso similar acción por las supuestas expresiones antidemocráticas de Carlos Álvarez. "Habría manifestado públicamente que a los violadores menores de edad se le debe aplicar la pena de muerte", dice la denuncia que presentó Javier Sulca Cáceres, según una disposición de la Fiscalía de la Nación que cita Perú21.
El octubre del 2024, el Poder Judicial declaró la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros) al considerar que sus actividades son contrarias a los principios democráticos.
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