Exfuncionario de la Contraloría: “A los poderes del Estado no les gusta el control”

Para el especialista en control y exfuncionario de la Contraloría, Alberto Vega, la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General que permite al Congreso elegir a su propio jefe de Órgano de Control Institucional (OCI) representa un “claro conflicto de interés”.

“La gran pregunta es ¿cómo un jefe de OCI puede fiscalizar al que le paga, del cual depende? [El Congreso] Va a tener un OCI que el jefe va a ser designado por la Mesa Directiva (…) Las normas de gestión señalan expresamente que el jefe de OCI depende del contralor, el cual le autoriza sus planes anuales de control, le autoriza los servicios, le da el okey a los informes de control”, explicó.

“Lo están viendo que es un poder de Estado que se deben regir por sus propias normas internas. A los poderes del Estado no les gusta el control. Aquí hay un claro de conflicto de intereses”, añadió.

Exoneran al Congreso

El último martes el presidente Martín Vizcarra presidió en Palacio de Gobierno la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República. El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski había observado los artículos 19 y 33 de la norma en febrero.

El primero de estos (art. 19), indicaba que la Contraloría ya no tendría la potestad de nombrar por concurso al jefe del Órgano de Control Interno (OCI), el cual nombra a los jefes y personal que debería de fiscalizar al Parlamento. En febrero, el Ejecutivo explicó que dicha modificación “no contribuye a la transparencia e institucionalidad que rige a las entidades sujetas a control”.

Vega señaló que de las 3 mil 400 entidades públicas, solo hay aproximadamente 800 que cuentan con un Órgano de Control Interno implementado. “De esas 800, solo 300 jefes OCI depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría. El resto depende administrativamente de la institución a la que audita”, indicó.