Peruanos pagan hasta diez veces más por agua potable

En el norte de Lima, los mil pobladores del asentamiento humano La Arboleda pagan diez veces más por agua potable que la mayoría de limeños. Sus viviendas tienen piso de cemento, techo de calamina y paredes de madera. El paisaje seco y arenoso del lugar grafica a Lima como la segunda capital más grande sobre un desierto.

Cada vivienda de La Arboleda recibe agua potable de camiones-cisterna. El costo del recurso es 15 soles por mil litros de agua. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita cien litros al día como mínimo para consumo e higiene. Es decir, en La Arboleda se tendría que pagar al menos 45 soles mensuales por cada persona.

Al sur de la capital, en el desierto de Lurín, los tres mil pobladores de Quebrada Verde también viven en una zona de difícil acceso. No obstante, la comunidad creó un sistema que almacena el agua en un solo lugar y la bombea por tuberías a las viviendas. Consiguen pagar de 2 a 10 soles por mil litros de agua. Ahorran en transporte del camión-cisterna y almacenamiento en cada vivienda.

Sin embargo, ante el incremento de viviendas en la zona, un creciente 5% de pobladores de Quebrada Verde pagan lo mismo que en La Arboleda. Esto se repite en muchos asentamientos humanos al borde de las ciudades. Casi dos millones de peruanos que viven en zonas urbanas no acceden a la red pública.

“En estos lugares el agua no solo es la más cara del país, sino de toda América Latina”, afirma Fredy Vargas, especialista en prospectiva y desarrollo. Si La Arboleda y Quebrada Verde se conectan a la red pública de alguna empresa de servicio de agua potable (EPS), el agua costaría en promedio 1.50 soles por mil litros. De hecho, el país de la región que más cobra por agua es Chile, con solo 3.50 soles por la misma cantidad (ver gráfico).

En julio del 2016, el Banco Mundial realizó el informe “Soluciones Innovadoras para la Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento en áreas Periurbanas de Lima y Callao”. En este se sugiere que un asentamiento humano no necesita estar asociada a la red pública para recibir agua potable de una EPS.

En La Arboleda bastaría con que la EPS abastezca un almacén comunitario con camiones-cisterna, ubicado en una zona alta para que distribuya el agua por gravedad a cada vivienda. En Quebrada Verde se podrían aprovechar las aguas subterráneas con las tuberías ya existentes para distribuir directo a la vivienda.

En el 2004, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) evaluó nueve proyectos privados en pequeñas localidades del programa de agua y saneamiento del Banco Mundial. De estos, solo dos lograron implementarse por completo. Existe mucho rechazo de la comunidad y falta apoyo político de las municipalidades. El Banco Mundial propone a las EPS (que pertenecen a los municipios) como gestores e inversores principales de los proyectos, en conjunto con la comunidad.

60% de EPS tuvieron pérdidas económicas en el último año

Los peruanos no perciben la complejidad de la gestión de una empresa de agua, señala Eduardo Zegarra, investigador del GRADE. El agua está siempre lejos de la población. Se debe tratarla, distribuirla, almacenarla y limpiarla. Además asegurar nueva infraestructura para una población en aumento. “Pese a su vital importancia, pagamos poco por ella. Y es un reto enorme que las tarifas financien toda su producción”, añade Zegarra.

En Perú, el cobro del agua es por rubros. Todos los hogares conectados a una EPS pagan el mismo monto sin distinción, pero la industria y el comercio pagan tarifas más altas.

Existen otros modelos de cobro de agua en América Latina. Por ejemplo en Colombia el agua potable se cobra por estratos. La escala más elevada (con mayor nivel socio-económico) puede pagar 6 veces más por la tarifa básica que la menor. En Chile, el Estado subsidia el consumo de agua (el valor de hasta 15 mil litros) a los hogares de escasos recursos.

“La tarifa puede ser regulada por las EPS cada cinco años. Quien aprueba los incrementos es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). La condición es que las EPS cumplan metas para mejorar el servicio. Como no las cumplen, la tarifa se estanca”, señala Hilde Venero, investigadora del IEP.

“A partir del 2017, en Lima se aumentará 10% en la tarifa básica solo a hogares que califican como no pobres”, señala Gabriela Corimanya, coordinadora de Servicio al Usuario de SUNASS. Para los especialistas, este no sería un aumento significativo. Zegarra y Vargas señalan que un modelo donde se cobre más a quien consuma más y pueda pagar más, como sucede en Colombia, beneficiaría a un mejor servicio. 69% de peruanos aceptaría este tipo de medidas, señala la encuesta de Integración.

Aumentar la tarifa no solo depende de la aprobación de SUNASS. La decisión de la autoridad política es importante: de las 50 EPS, una es propiedad del gobierno central (SEDAPAL) y 48 restantes pertenecen a gobiernos municipales. Solo una es privada. “Por ley, la SUNASS y la empresa deben presentar los aumentos tarifarios en audiencias públicas. Es muy dificil que sean aceptados. Se requiere de un fuerte apoyo político para lograrlo”, señala Corimanya.

29 de 49 EPS tuvieron pérdidas en el último año (60%), recoge Integración a partir de las bases de datos de SUNASS. Es decir, sus costos y gastos superaron sus ingresos. “Para que el presupuesto alcance, la mayoría de empresas reciben subsidios del Estado o disminuyen la calidad del servicio”, afirma Fernando Laca, director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Un paso inicial para disminuir los costos es que las empresas aumenten su número de conexiones. 65% de conexiones están concentradas en solo 5 de 50 empresas. Una forma de hacerlo es juntar varias EPS cercanas en una sola. “Las que tienen más usuarios tienen menos problemas económicos”, señala Laca.

35% del agua potable no se cobra (se desperdicia)

Más del 35% del agua potable en Perú no es facturada, indican datos de SUNASS. Se produce y distribuye, pero no se cobra. La única empresa que tiene una mejor facturación que el promedio nacional es SEDAPAL en Lima. “Este desperdicio en la producción se debe a problemas de fugas o averías, y a la falta de medición del consumo”, señala Gabriela Corimanya. 

Además, 26% de hogares peruanos no cuentan con un micro medidor. Al excluir los hogares servidos por SEDAPAL, esta cifra se eleva a 37%. Esto impide que se sepa el consumo exacto de agua. Por lo tanto, el cobro se realiza sobre un consumo promedio por cada zona. De esta manera, una familia puede consumir más agua que el promedio, pero pagará igual que una que consuma menos. Cabe señalar que 18 EPS tienen menos del 50% de conexiones con medidor.

El usuario paga poco y no se le cobra sobre un uso exacto. La consecuencia es que el usuario es el principal afectado. Para cubrir los gastos de operación, las empresas ajustan o disminuyen la calidad del servicio. Es decir, menos horas de abastecimiento, menos tratamiento del agua, mayores cortes del servicio o falta de ampliación de la infraestructura, entre otros.

Para mejorar la gestión de las EPS, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha decidido continuar con el régimen de apoyo transitorio (RAT). Según Laca, la acción principal es ubicar nuevos gerentes en las empresas que sean capacitados y supervisados por la OTASS.

En el 2017 se completará la intervención a once EPS. Por ejemplo, se plantea unificar las cuatro empresas de la región Ica para garantizar más conexiones. Los márgenes operativos de cada una están en negativo y su capacidad financiera es calificada como muy baja.

Una buena regulación de las EPS es otro aspecto fundamental de la gestión del agua. El responsable es la SUNASS, uno de los organismos reguladores con menos presupuesto del país. Su presupuesto anual es de 27 millones de soles. OSIPTEL y OSITRAN superan los 80 millones. OSINERGMIN recauda más de 300 millones.

El financiamiento de SUNASS se obtiene del 1% de cada recibo de agua. “Sin embargo, se da el caso de que muchas EPS no entregan el dinero para ser reguladas. Solo 6 EPS subsidian la regulación de las demás”, señala Lacca.

Para la regulación es necesario que las EPS brinden información de sus operaciones o que la propia SUNASS la recaude. “Deben visitar a las EPS por ley tres veces por año mínimo para recabar los datos completos de la empresa. Hay empresas a las que no se accede o se accede pocas veces”, señala Corimanya. “La mayoría de la información de SUNASS es brindada por las propias empresas. Ponen los valores que quieren. Así, la superintendencia no hace evidentes muchas cosas”, señala Venero.

Poco presupuesto y desinformación es una mala combinación para un supervisor. “El MVCS ha asegurado que a partir del 2017, la SUNASS recibirá financiamiento del Estado”, afirma Laca. Para Venero, la SUNASS debería recibir dinero del Estado a partir de sus resultados de gestión para poder completar sus funciones si es que lo necesita.