La organización Amnistía Internacional (AI) denunció la falta de transparencia e imparcialidad en el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos durante su gobierno (1990-2000), en su informe anual sobre protección de derechos en el mundo publicado este jueves.
La organización señala que la gracia otorgada el pasado 24 de diciembre a Fujimori presentó "importantes deficiencias" en el proceso y causa "honda preocupación" por la impunidad que supone para los delitos por los que fue condenando. También advierte de que la decisión se tomó sin consultar a los familiares de los veinticinco asesinados y desaparecidos en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, crímenes por los que Fujimori fue autor mediato para el Pode Judicial.
Presuntas irregularidades
El indulto eximió a Fujimori de cumplir en prisión los últimos once años de su condena, que purgaba en el penal de Barbadillo en una celda personal con distintos ambientes, régimen libre de visitas y atención médica permanente. El Gobierno argumentó razones humanitarias para perdonar al expresidente por su estado de salud, al supuestamente padecer una enfermedad grave, no terminal y degenerativa que presuntamente se agudizaba en prisión, pero la resolución no la especificaba y nombraba algunos males crónicos como fibrilación auricular paroxística.
La liberación del expresidente fue considerado por gran parte de la opinión pública como político al otorgarse tres días después de que Kuczynski se salvara de ser destituido del Congreso. Esto fue gracias a la abstención de diez congresistas fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien le había pedido liberar a su padre mese antes, según reveló el propio Kuczynski.
Más alertas
AI también lamentó que Perú, considerado el tercer país del mundo con mayor porcentaje de violaciones, continúe un año más con altos índices de violencia sexual y feminicidios, al haber contabilizado más de 17.000 denuncias por violaciones y 94 asesinatos de mujeres entre enero y septiembre de 2017. La organización criticó que el Congreso, controlado por el fujimorismo, derogara parcialmente una ley que elevaba las penas para los crímenes de odio, al establecer la orientación sexual y la identidad de género de la víctima como agravantes en ciertos delitos.
El informe también señala que este año no hubo progresos significativos en la investigación por la muerte de cuatro líderes indígenas de la etnia asháninka, entre ellos el activista medioambiental Edwin Chota, asesinados en 2014 presuntamente por madereros ilegales a los que habían denunciado por talar árboles en sus tierras. EFE
