Tres semanas después de un severo comunicado sobre la disolución del Congreso, la CONFIEP expresa su confianza en la política económica del gobierno. Los empresarios aprueban el Plan de Competitividad.
El mes de octubre se acerca a su fin dejándonos más preguntas que respuestas. A nivel nacional persisten cuatro interrogaciones: 1) ¿Despejará el Tribunal Constitucional las dudas y objeciones en torno a la disolución del Congreso? 2) ¿Nos permitirán las elecciones de enero próximo contar con un Congreso orientado a una agenda de desarrollo? 3) ¿Lograremos reactivar nuestra economía, destrabar los proyectos de inversión y crear empleo formal? 4) ¿Seremos capaces de consolidar instituciones y reformas, comenzando por la Junta Nacional de Justicia? En el plano regional, el mes comenzó con una ola de descontento que hizo retroceder al gobierno ecuatoriano en su voluntad de terminar con los subsidios. El mes concluye con elecciones en Argentina y Uruguay, mientras que la crisis social en Chile y política en Bolivia oscurecen el futuro de dos de los países con mayor estabilidad durante los últimos años.
Un viento de optimismo parece haber inspirado la reunión de los dirigentes de la CONFIEP con el primer ministro y la ministra de Economía. El principal gremio empresarial ha presentado una nueva versión de su Agenda País, incorporando elementos tomados de los Planes de Competitividad y de Infraestructura, elaborados por el exministro Carlos Oliva. María Isabel León afirmó que la CONFIEP mantendrá la vigilancia, pero pareció convencida de que nuestro país no correrá los riesgos de ninguna “aventura económica”. A pedido del presidente Vizcarra, los dirigentes del sector privado sostendrán reuniones trimestrales con las autoridades del gobierno. Lo que quiere decir que la próxima tendrá lugar justo después de las elecciones del 26 de enero. Desde ya la CONFIEP ha incorporado el concepto de “crecimiento económico diversificado y sostenible”, que en su momento lanzara el exministro Piero Guezi.
Lejos de los vaivenes de la coyuntura, una encuesta del Instituto de Opinión Publica, IOP, de la Universidad Católica da cuenta del papel variado y creciente que juega el uso del teléfono celular en nuestro país, en particular el llamado “teléfono inteligente” o smartphone, es decir el que combina telefonía móvil con servicios accesibles a partir de Internet. Bajo la dirección de Jan Marc Rottenbacher, la encuesta revela que 67% de la población adulta posee teléfonos inteligentes, lo que le permite usar aplicativos de mensajería tipo Whatsapp, Facebook, Messenger y otros. La evolución conduce a una práctica decreciente de la llamada telefónica para comunicarse, solo 60% de los intercambios, mientras que crece el uso del Whatsapp hasta llegar al 25% de los intercambios. 65% de los encuestados afirma usar el celular para hacer y enviar fotos, mientras que 51% hace y envía videos. El celular, cuyo uso se generaliza durante los años 90, se ha convertido en uno de los inventos de mayor impacto en la vida cotidiana y en la cohesión de un país como el nuestro. Pese a todo, subsisten desigualdades que corresponden a nuestras fracturas sociales y geográficas: mientras que 86% de las poblaciones urbanas disponen de internet en sus hogares, en el medio rural solo es el caso del 8%. No tenemos por ahora cifras sobre el tiempo dedicado a usar el celular, que se ha convertido en un factor de contacto social, profesional, comercial, político y hasta amoroso con los demás. Tampoco sabemos qué influencia tendrá sobre las generaciones “digitalmente nativas”, en particular sobre la capacidad de concentración, de lectura y de escritura. Estamos como cuando aparecieron el alfabeto y las tabletas de arcilla en las ciudades de Mesopotomia, la imprenta en el siglo XV o la radio después de la primera guerra mundial. Esperemos que la rapidez y la vastedad de fuentes de conocimiento vayan de la mano con la profundidad de las convicciones y la intensidad de las relaciones humanas.
Las cosas como son
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