El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, propuso en el Consejo de Estado que se otorgue a los servidores de salud (médicos, enfermeras, técnicas/os) policías y militares un seguro de vida extraordinario en función al riesgo que vienen asumiendo en la lucha contra el COVID-19.
En la reuinión, Gutiérrez recordó que no todos los servidores de salud cuentan con un seguro de vida debido a las diversas modalidades de contratación que existen en el sector público. Por ejemplo, los que son CAS o locadores, carecen de un seguro vida subvencionado por el Estado.
Añadió que estos servidores, entre médicos, enfermeros y técnicos, requieren de las mayores seguridades posibles debido al alto riesgo que asumen diariamente en la atención que brindan a la ciudadanía.
De otro lado, también planteó la necesidad de que el Gobierno nacional asuma competencias en la lucha contra el COVID-19 en las regiones que no han desarrollado acciones efectivas contra esta enfermedad debido a que varias regiones han tardado en formular sus planes regionales de contención y reforzamiento de los servicios de salud.
En el mismo sentido, el defensor del Pueblo advirtió problemas en la ejecución del dinero otorgado para atender la enfermedad. Al 08 de abril de 2020, los gobiernos regionales han ejecutado 11 % de los recursos que fueron habilitados para enfrentar el COVID-19.
Puntualmente, 15 gobiernos regionales tienen una ejecución menor al 10 %, dentro de los cuales: Madre de Dios 0 %; Arequipa, Lambayeque y Tacna menos de 2 %; Junín y Piura menos de 5 %; Amazonas, Callao, Huánuco, La Libertad y Moquegua menos de 8 %. Los otros gobiernos regionales que presentan una ejecución menor al 10 % son: Apurímac, Cusco, Huancavelica y Tumbes.
