En entrevista con RPP Noticias, el ministro Fernando Castañeda advirtió que existe una "presión" de parte de un sector de la población penitenciaria para ser excarcelada. "Tenemos que pensar en la seguridad de todos", señaló.
El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, destacó el reciente debate que se hizo en la sesión virtual del Congreso sobre el Proyecto de Ley que establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de la COVID-19.
"El objetivo es impactar en la población que no tiene sentencia en los establecimientos penitenciarios. Saludamos el consenso con la finalidad de construir un proyecto que combine rapidez con prudencia en el sentido de que desde la población penitenciaria se está presionando para salir y tenemos que pensar en la seguridad de todos", señaló.
En entrevista con RPP Noticias, el ministro detalló que esta medida busca impactar a un universo máximo de 10 mil procesados por delitos no graves a través de la conversión de penas que podría dictar el Poder Judicial a través de los jueces.
De otro lado, Castañeda mencionó que la protesta en el penal de Santa Mónica ocurrió luego de una interna que fue trasladada a un hospital por una enfermedad preexistente dio positivo en una prueba de COVID-19, situación que "generó pánico en el penal".
Ante esto, el ministro comentó que una de las decisiones que tomó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue el traslado de 41 internas con hijos menores de tres años al Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).
Castañeda también confirmó que una interna del penal Mujeres de Chorrillos falleció a causa de la COVID-19. Por esta razón, mencionó que el INPE ha habilitado una zona de aislamiento dentro de este centro penitenciario.
En otro momento, el ministro de Justicia pidió al órgano de control del Poder Judicial que inicie una investigación luego de que se generaran críticas por la omisión de datos en un documento que imposibilitó al INPE tramitar la excarcelación de la exalcaldesa Susana Villarán.
"Que investigue para que se pueda deslindar si es un tema doloso. Depende del INPE la excarcelación, pero conforme a la orden. Los registros del INPE deben coincidir con los del Poder Judicial porque ya ha habido casos en los que no coincidían y se han iniciado procedimientos", anotó.
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