Quienes cometan delitos contra el patrimonio del Estado o los programas de fines asistenciales estarán comprendidos.
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció este miércoles que el Poder Ejecutivo aprobó la muerte civil para los funcionarios sentenciados por casos de corrupción. "Se va a modificar el Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada muerte civil por corrupción", dijo en una conferencia de prensa.
El decreto legislativo es el primero que ha aprobado la Presidencia del Consejo de Ministros desde que el Congreso le concedió las facultades legislativas el 9 de octubre. Zavala también comentó que se enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el artículo 41 de la Constitución e incorporar la imprescriptibilidad los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dio más detalles de la iniciativa en una conferencia de prensa. “Hemos modificado el Código Penal para elevar el marco mínimo de 2 años y máximo de 20 de duración de pena de inhabilitación principal para los crímenes cometidos contra funcionarios. También hemos señalado que la pena accesoria de los delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo y demás comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública sean susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio del Estado, como integrante de una organización y contra programas de fines asistenciales. Se creará un registro único de funcionarios inhabilitados”.
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